El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha admitido recientemente una acción de inconstitucionalidad presentada por Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz, en relación al delito de terrorismo. Este movimiento busca la eliminación de dicha figura del Código Penal, que es fundamental en el juicio conocido como ‘golpe I’.
En el auto constitucional 0538/2024-CA, firmado por los magistrados Karem Gallardo, Isidora Jiménez y René Espada, se establece que la demanda se basa en la supuesta contradicción del artículo 133 del Código Penal con varios artículos de la Constitución Política del Estado, así como con normas internacionales sobre derechos humanos. La acción fue interpuesta el 13 de octubre de 2024 ante el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz, el cual desestimó la solicitud de la defensa. No obstante, el caso fue revisado por el TCP y la admisión se formalizó el 2 de diciembre de 2024.
El exministro de Justicia, Iván Lima, había expresado previamente su preocupación sobre el impacto que podría tener la admisión de esta acción en el juicio por el caso ‘golpe I’, sugiriendo que la anulación del delito de terrorismo podría poner en peligro la prosecución del caso. Sin embargo, la notificación a las partes involucradas no se realizó hasta el 8 de marzo de este año.
Camacho enfrenta un total de seis cargos en el juicio, que incluyen terrorismo, financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa. De acuerdo con la legislación vigente, el delito de terrorismo conlleva una pena de entre 15 y 20 años de prisión.
Si el TCP determina que el delito de terrorismo es inconstitucional, esto podría resultar en la modificación del proceso judicial en curso contra Camacho y otros acusados, lo que podría generar más retrasos en el desarrollo del juicio. Lima también ha señalado que la eliminación de los delitos de sedición y terrorismo en el Código Penal está alineada con las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que busca adaptar la legislación a estándares internacionales.
Además, esta decisión podría tener repercusiones en el caso de varios dirigentes evistas y campesinos que fueron detenidos durante un enfrentamiento relacionado con bloqueos de caminos en noviembre de 2024
