La Asamblea Legislativa Departamental se vio envuelta en tensiones el pasado viernes, cuando diversos grupos sociales, incluidos la Federación de Campesinos, adultos mayores, personas con discapacidad y trabajadores del sector salud, tomaron las instalaciones en protesta por la propuesta de ley de emergencia financiera presentada por el gobernador Oscar Montes.
Los manifestantes argumentan que esta legislación amenazaría la continuidad de programas sociales vitales, como el Prosol y la canasta alimentaria destinada a adultos mayores y personas con discapacidad. También se teme que la propuesta afecte la asignación de ítems de salud, lo que podría impactar negativamente a las poblaciones más vulnerables.
David Yuca, líder de la Federación de Campesinos, expresó su firme oposición a que se recorten estos programas esenciales bajo el pretexto de una crisis financiera, mientras los funcionarios continúan percibiendo salarios elevados. Yuca sugirió que si el gobernador no puede solucionar la crisis económica, debería considerar su renuncia.
Por su parte, Celestino Barro, presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (FEDJUVE), advirtió que si los asambleístas aprueban la ley, se verán obligados a exigir el cierre de la asamblea, acusándola de ignorar las necesidades de la población. Barro destacó que la propuesta del gobernador podría resultar en la eliminación de alrededor de 400 ítems de salud, lo que afectaría no solo a Cercado, sino a todo el departamento.
En el ámbito legislativo, Francisco Rosas, asambleísta de la bancada Todos, informó que, a pesar de que la ley no estaba en la agenda oficial, hubo intentos de incluirla en la discusión. Sin embargo, gracias al apoyo de algunos asambleístas, se logró rechazar su tratamiento.
Ante la creciente oposición, el gobernador Montes se defendió afirmando que no se eliminarán programas sociales, y criticó la desinformación que, según él, propagan algunos asambleístas. Montes explicó que la ley busca ajustar ciertos programas a la realidad económica actual. Por ejemplo, propuso que la canasta alimentaria no se entregue a quienes ya reciben jubilaciones, ya que no los consideran necesitados.
En relación con los ítems de salud, Montes indicó que se prevé que estos pasen a ser administrados por el Sistema Único de Salud (SUS). También mencionó que muchas alcaldías han estado devolviendo recursos al gobierno central que podrían haberse utilizado para crear empleo.
El proyecto de ley también incluye disposiciones sobre el financiamiento de competencias que corresponden al gobierno nacional. Según el texto, la gobernación podría suspender la transferencia de recursos destinados a estas competencias, lo que incluye proyectos viales y asignaciones de salud.
Finalmente, Montes descartó la posibilidad de cerrar entidades desconcentradas bajo la gobernación, como Setar y Emtagas, y enfatizó que la situación económica del gobierno departamental es crítica. Advirtió que, sin la aprobación de esta ley, la gobernación podría verse obligada a cesar sus funciones a partir de mayo
