La tensión en el país continúa en aumento, con diversos sectores organizando movilizaciones y estableciendo un ultimátum al Gobierno nacional para que aborde la creciente crisis de escasez de gasolina y diésel. Los manifestantes han solicitado la destitución de tres ministros del gabinete del presidente Luis Arce, así como del director de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). En caso de no recibir respuesta, han amenazado con iniciar un paro indefinido y cercar la plaza Murillo en La Paz.
Estas acciones se producen a pesar de la reciente llegada de cisternas a la planta de Senkata, ubicada en El Alto, destinadas a facilitar la distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y así mitigar las largas esperas que han afectado a la población. Además, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha admitido una acción de inconstitucionalidad presentada por el diputado Miguel Roca, en relación a una disposición de la Ley del Presupuesto General del Estado que permite el decomiso de mercancías bajo sospecha de agio y especulación.
La Confederación Nacional de Choferes de Bolivia llevó a cabo un ampliado en Sucre, donde los representantes de las federaciones de los nueve departamentos discutieron la situación. Tras un intenso debate, decidieron otorgar un plazo de 72 horas al Gobierno para que solucione la crisis de carburantes y mejore las condiciones de las carreteras. De no obtener respuestas, se prevé un paro indefinido a partir del día siguiente.
Los choferes también exigen la renuncia de los presidentes de YPFB, Armin Dorgathen, y de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Marcel Claure, así como del viceministro de Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva. Marco Antonio Huaranca, representante de la Federación departamental de Choferes, indicó que se planteó no pagar peajes hasta que se resuelva la crisis energética y se garantice la transitabilidad.
Por otro lado, el Comité Multisectorial, que incluye a gremialistas, transportistas e industriales, realizó su octavo encuentro en Cochabamba. En este contexto, anunciaron una marcha programada para el 24 de marzo, que comenzará en Apacheta, La Paz, si no se resuelve la situación del diésel. El dirigente gremial César Gonzáles hizo un llamado a la unidad entre los sectores del país para participar en esta protesta de carácter nacional. Aseguró que las acciones no buscarán afectar la economía ni a las familias, ni generar inestabilidad en las autoridades.
Asimismo, los Ponchos Rojos, un grupo afín al expresidente Evo Morales que representa a 20 provincias de La Paz, han anunciado su intención de marchar hacia la plaza Murillo el 19 de marzo. Exigen la destitución de tres ministros y una respuesta a sus demandas en un plazo de 72 horas. David Mamani, portavoz del sector, denunció actos de corrupción dentro de esos ministerios y solicitó la renuncia de los funcionarios implicados.
La Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) también ha declarado estado de emergencia ante la propuesta del Gobierno de eliminar la subvención al diésel, lo que afectaría gravemente a los sectores mineros y agropecuarios. Al igual que otros grupos, han exigido la dimisión del ministro de Hidrocarburos y del presidente de YPFB, señalando su incapacidad para abordar la crisis de combustible.
En respuesta a la decisión del TCP sobre la acción de inconstitucionalidad, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, aseguró que acatarán la resolución, aunque aún no han recibido notificación oficial.
El Comité Multisectorial tiene programada una reunión este viernes en El Alto para definir los detalles de la marcha que se llevará a cabo el lunes 27 de marzo. Cuatro sectores se han movilizado, incluidos gremialistas, transportistas y mineros de Potosí y La Paz, en caso de que el Gobierno no atienda la demanda de escasez de combustibles y no destituya al menos a dos ministros
