La reciente introducción de una ley de emergencia financiera en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija ha suscitado un amplio rechazo y una serie de interrogantes por parte de diversos sectores de la población. Las organizaciones sociales han manifestado su preocupación, exigiendo que se prioricen recortes en los salarios de los funcionarios públicos antes de afectar los programas sociales esenciales.
Herbert Quispe, líder de la Federación de Campesinos, expresó que, tras un análisis exhaustivo, su organización ha decidido oponerse a cualquier ajuste que implique la reducción de recursos destinados a programas sociales, a menos que se lleve a cabo un consenso previo con los grupos afectados, que incluyen a adultos mayores, campesinos, personas con discapacidad y gobiernos municipales.
Además, se ha planteado la propuesta de que el gobernador, los asambleístas y otros altos funcionarios que reciben salarios superiores a 6,000 bolivianos se sometan a una reducción de hasta el 50% de sus ingresos, como una medida de responsabilidad hacia la ciudadanía.
Las Juntas Vecinales también se han unido a este llamado. Cristian Ventura, presidente del Distrito 9 de la ciudad, comentó que en una asamblea general se acordó emitir un pronunciamiento público solicitando a las autoridades a nivel nacional, departamental y municipal que implementen un plan de austeridad que incluya la disminución de salarios en todos los niveles jerárquicos.
Ventura destacó la necesidad de reducir el tamaño del aparato estatal, incluyendo ministerios y direcciones que, a su juicio, generan gastos innecesarios y perjudican la economía del país. También mencionó la importancia de cerrar empresas estatales que no están cumpliendo con sus funciones, como la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) y otras entidades que no están cumpliendo su rol en el control de precios de productos básicos.
La situación en los barrios periurbanos se ha vuelto insostenible, con un aumento significativo en los precios de los productos de la canasta familiar, lo que ha llevado a muchas familias a enfrentar serias dificultades para alimentarse. La falta de empleo agrava aún más esta crisis, con la ausencia de políticas efectivas para abordar estos problemas.
Rodrigo Castillo, otro líder barrial, resaltó que los salarios de diputados y senadores ascienden a 23,000 bolivianos mensuales, mientras que los ministros reciben alrededor de 22,000. Por ello, se solicita una reforma salarial que reduzca estos sueldos a 15,000 bolivianos, argumentando que tal medida podría generar un ahorro significativo en el presupuesto estatal.
Finalmente, el asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), Eider Quiroga, opinó que la reducción de salarios no resolverá la crisis económica que enfrenta el departamento y el país, considerándolo más bien una estrategia para desviar la atención de la mala gestión de las autoridades
