El gobernador Oscar Montes ha expresado la urgencia de reformar el sistema de financiamiento de la gobernación para adaptarse a la nueva realidad económica. Durante una reciente declaración, responsabilizó a los miembros del MAS de obstaculizar el avance de un proyecto de ley crucial para la estabilidad financiera de la administración regional.

Sin la aprobación de esta legislación en la Asamblea Departamental, Montes advirtió que la gobernación podría cerrar sus puertas a finales de año debido a la falta de recursos y la incapacidad para cumplir con sus obligaciones. “Desde mayo, comenzaremos un cierre gradual de varias unidades, lo que culminará con el cierre total de la gobernación antes de que termine el año”, aseguró Montes, quien criticó abiertamente la oposición del MAS al proyecto.

El gobernador enfatizó la necesidad de realizar ajustes en la estructura financiera actual para enfrentar los desafíos económicos. Además, lamentó que el MAS y sus aliados estén dedicados a obstaculizar estos esfuerzos. En este contexto, mencionó a la Central Obrera Departamental (COD), acusándola de actuar como un brazo operativo del MAS en su oposición a la reestructuración financiera.

Montes presentó el proyecto de ley, subrayando que este no tiene intenciones ocultas. La propuesta incluye modificaciones a cuatro programas que absorben la mayor parte de los recursos de la gobernación, como el Prosol, que busca garantizar que los fondos lleguen a los campesinos que realmente los necesitan.

En relación a la distribución de canastas alimentarias para adultos mayores, el gobernador reiteró que estas deben ser entregadas únicamente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. “Aquellos que tienen la capacidad de alimentarse deben ser solidarios y dejar que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan”, afirmó.

Sobre los ítems de salud, Montes destacó que no son competencia de la gobernación y que actualmente no hay fondos disponibles para su gestión. Respecto al 1% destinado a los municipios, propuso que no se inicien nuevos proyectos hasta que se completen los ya en curso y solicitó que el gobierno central no disponga de los recursos de la región.

Por otro lado, reveló que la Oficina Técnica de los Ríos Bermejo y Pilcomayo ha interpuesto una acción de cumplimiento para reclamar 2 millones que corresponden a la gobernación. La audiencia está programada para este miércoles, y Montes espera que la justicia reconozca la falta de recursos para satisfacer esta demanda.

El gobernador también mencionó su intención de elevar a rango de ley el decreto que cerró el Sedeca, con el fin de seguir realizando ajustes y evitar que 200 empleados continúen recibiendo salarios sin cumplir funciones, conforme a la Ley General del Trabajo.

Finalmente, Montes lamentó que los miembros del MAS no comprendan la situación financiera, comparando su falta de entendimiento con la del alcalde Jhonny Torres, quien, a pesar de contar con recursos del SUS, no ha logrado ejecutarlos adecuadamente, a diferencia de otros municipios que sí lo han hecho

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