Este miércoles, diversas organizaciones e instituciones se reunieron para acordar una movilización programada para el 2 de abril, con el objetivo de solicitar al gobierno financiamiento para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales. La decisión surge tras la falta de respuesta del gobierno, que se esperaba para el 16 de marzo, según el asambleísta Aníbal Rodríguez Arroyo.
Rodríguez expresó su frustración, señalando que el gobierno ha incumplido promesas durante dos décadas y que, hasta la fecha, no se ha asegurado el financiamiento necesario para este proyecto vital. En este sentido, destacó que la movilización tiene como propósito que el gobierno no sea recibido en Tarija el 15 de abril, fecha de la efeméride departamental, si no se presenta con soluciones concretas.
La reunión también sirvió para planificar una movilización permanente, comenzando con una marcha de protesta el 2 de abril. Además, se anunció que el Comité Cívico de Tarija se reunirá el jueves para discutir otros aspectos que se sumarán a la demanda de financiamiento.
El gobierno municipal de Tarija es la entidad que más espera este financiamiento, especialmente tras haber llegado a acuerdos con el anterior Ministro de Medio Ambiente, Alan Lisperguer, quien ya no ocupa su cargo. El municipio ha asegurado un terreno de 18 hectáreas para la construcción de la planta, el cual está debidamente registrado y se ha trabajado en el diseño final del proyecto, que se estima costará alrededor de 290 millones de bolivianos.
Este terreno está estratégicamente ubicado en la parte más baja de la ciudad, lo que permitiría que las aguas residuales fluyan por gravedad, reduciendo así los costos operativos de la planta, la cual es considerada urgente para la región.
Ante la falta de respuestas, en febrero, las organizaciones y el gobierno municipal decidieron unirse para exigir el cumplimiento de los compromisos gubernamentales relacionados con el financiamiento de este proyecto.
Históricamente, la ciudad ha dependido de lagunas de oxidación construidas en los años 80 para tratar las aguas residuales antes de que estas llegaran al río Guadalquivir. Sin embargo, el acelerado crecimiento poblacional ha llevado al colapso de estas lagunas, lo que ha resultado en un aumento de la contaminación, un problema que se busca resolver con la nueva planta de tratamiento
