El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, Alan Barca, ha denunciado que ciertos miembros de la bancada del MAS y de la agrupación Todos están difundiendo información errónea sobre el proyecto de Ley de Emergencia Financiera. Según Barca, estas acciones buscan generar confusión y movilizar innecesariamente a distintos sectores sociales.
Barca aclaró que el proyecto de ley no ha sido incluido en la agenda del pleno de la asamblea y se encuentra actualmente en un proceso de análisis y revisión por parte de las comisiones correspondientes. Afirmó que se están siguiendo todos los procedimientos establecidos. Además, expresó su comprensión hacia la inquietud de algunos asambleístas, sugiriendo que su comportamiento podría estar motivado por intereses políticos en vista de las próximas elecciones. Lamentó las declaraciones irresponsables y subrayó la existencia de autoridades competentes que pueden comunicar la verdad al público.
Por otro lado, el presidente de la bancada del MAS, Eider Quiroga, criticó las intenciones de Barca de convocar una sesión para discutir el proyecto de ley, acusándolo de violar los procedimientos constitucionales. Quiroga hizo un llamado a los sectores sociales para que estén atentos a las acciones de la directiva, que, según él, cuenta con el respaldo de la gobernación. Aseguró que, como representante de las provincias, se mantendrá al lado de la población y defenderá sus derechos.
En respuesta a la situación, diversos sectores, incluyendo la Federación de Campesinos, Adultos Mayores, Jubilados, la Federación de Juntas Vecinales, la Central Obrera Departamental y trabajadores de la salud, llevaron a cabo una marcha de protesta en la que rechazaron la Ley de Emergencia Financiera. Los manifestantes argumentan que la aprobación de esta ley podría poner en peligro programas sociales esenciales, como el Prosol, la canasta alimentaria y la asignación de personal en el sector salud.
Herbert Quispe, líder de la organización campesina, advirtió que intensificarán sus acciones de presión, incluyendo la posibilidad de tomar instituciones como la gobernación y las asambleas, así como el bloqueo de carreteras, hasta que se desestime el proyecto de ley propuesto por el gobernador Oscar Montes. Quispe enfatizó que el pueblo campesino no cesará sus movilizaciones hasta que se elimine completamente una ley que, según él, amenaza a los sectores más vulnerables de la sociedad
