En respuesta a la creciente preocupación ciudadana por el alza en los precios de productos esenciales, autoridades gubernamentales y municipales, en colaboración con organizaciones vecinales, desplegaron un operativo de control en el mercado Campesino. La iniciativa buscó examinar de cerca la cadena de comercialización, desde el productor hasta el consumidor final, con el objetivo de identificar y corregir posibles distorsiones en los precios.
Durante la inspección, se constató una marcada diferencia entre los precios a los que los productores ofrecen sus mercancías y los valores que finalmente se encuentran en los puestos de venta al público. Se observó que, a medida que avanza la jornada, los productos agrícolas pasan por múltiples manos de intermediarios, lo que conlleva un incremento progresivo en los precios. Esta situación genera que los consumidores adquieran productos a precios significativamente más elevados que los percibidos por los productores en origen.
Representantes vecinales presentes en el operativo señalaron que la diferencia de precios entre el productor y el último intermediario puede oscilar entre 30 y 40 bolivianos, dependiendo del producto. Esta brecha se detectó en artículos de primera necesidad como papa, arveja, haba y tomate, entre otros. Ante esta realidad, se anunció la continuidad de los operativos de control de manera sorpresiva, extendiendo la fiscalización no solo a los precios, sino también al peso correcto de los productos ofrecidos. En este sentido, se verificó el funcionamiento adecuado de las balanzas y se dispuso la instalación de carteles informativos con un número de contacto de Defensa al Consumidor, para que los ciudadanos puedan realizar denuncias en caso de detectar irregularidades.
Voceros de las juntas vecinales manifestaron que reciben diariamente numerosas quejas por el aumento constante en los precios de la canasta familiar. Atribuyeron esta problemática, en parte, a factores económicos como la fluctuación del dólar y el costo del combustible, que inciden en la estructura de costos del sector productivo. Sin embargo, también denunciaron que algunos intermediarios estarían incrementando sus márgenes de ganancia de manera desproporcionada, duplicando sus beneficios en detrimento del bolsillo de los consumidores. Se ejemplificó esta situación con el caso del pollo, donde se evidenció un aumento en la ganancia del intermediario que supera el incremento en el precio de venta del productor.
Si bien se reconoció que la colocación de precios referenciales en los mercados ha contribuido a moderar algunos abusos, se consideró que las medidas implementadas hasta el momento son insuficientes. Se instó a adoptar acciones más integrales para combatir el contrabando y estabilizar la moneda, como factores clave para lograr un control efectivo de los precios. Asimismo, se resaltó la necesidad de extender los operativos de control al interior de ciertos centros de abasto que, por su naturaleza privada, presentan mayores dificultades para la fiscalización municipal. Se enfatizó que la intervención de Defensa al Consumidor en estos espacios es fundamental para garantizar precios justos y pesos exactos para toda la población. Finalmente, se reiteró el compromiso de continuar trabajando para asegurar que los productos de primera necesidad sean accesibles a la ciudadanía, combatiendo la especulación y protegiendo los derechos de los consumidores
