La administración regional de Tarija ha denunciado una situación financiera anómala derivada del mantenimiento en nómina de un considerable número de empleados pertenecientes al extinto Servicio Departamental de Caminos (SEDECA). Según declaraciones del gobernador, la institución persiste en asignar anualmente más de 12 millones de bolivianos al pago de salarios de aproximadamente 200 individuos que, en la práctica, no desempeñan labor productiva alguna.
El máximo representante del ejecutivo departamental describió la situación como preocupante e insostenible, tras una revisión exhaustiva de los registros de personal. Afirmó que se trata de alrededor de 200 personas cuya integración en tareas operativas ha resultado infructuosa, ya que incluso las autoridades subregionales han declinado su incorporación a trabajos de campo debido a la falta de compromiso y la escasa eficiencia demostrada. Se lamentó que el rendimiento laboral de este grupo sea prácticamente nulo.
El gobernador detalló un patrón de asistencia laboral caracterizado por extensos periodos de inactividad y breves jornadas efectivas. Según su descripción, la rutina laboral de estos empleados incluiría pausas prolongadas para refrigerios y una jornada reducida, lo que contrasta significativamente con las expectativas de productividad inherentes a cualquier puesto de trabajo remunerado.
Dentro de este colectivo, se identificó a más de un centenar de empleados administrativos sin funciones específicas asignadas, situación que se atribuye a la protección de ciertos entes gubernamentales. Además, se constató la existencia de una veintena de individuos en comisión sindical, representando a una entidad legalmente disuelta, añade un elemento de controversia a este escenario.
El gobernador contrastó la inactividad de este numeroso grupo con la exigencia operativa que recae sobre un grupo reducido de 80 personas, responsables del mantenimiento de más de 2.300 kilómetros de vías terrestres en el departamento. Esta disparidad pone de manifiesto la ineficiencia en la gestión de recursos humanos y la sobrecarga de trabajo que soportan otros empleados de la administración regional.
En un giro argumentativo, la autoridad departamental sugirió que mantener al personal del ex SEDECA inactivo resulta económicamente más ventajoso que incorporarlos a la dinámica laboral. Justificó esta afirmación argumentando que la puesta en funcionamiento de este personal implicaría gastos adicionales en transporte, viáticos y equipamiento, frente a un rendimiento productivo que se anticipa como insignificante.
Ante este panorama, el gobernador anunció que la problemática ha sido elevada a instancias superiores del Gobierno nacional, proponiendo la conformación de una comisión interinstitucional para abordar la situación. Se anticipa que el caso será formalmente comunicado a diversas entidades ministeriales y de control fiscal, incluyendo el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General del Estado, con el objetivo de que se determinen responsabilidades por el presunto perjuicio económico ocasionado a la región de Tarija
