La reciente revocación en una corte estadounidense de una indemnización superior a 200 millones de dólares, vinculada al accidente aéreo de la aerolínea LaMia en 2016, ha generado un cambio significativo en el ámbito legal que rodea a este caso. Según el abogado defensor de Celia Castedo, Samuel Durán, esta resolución puede impactar directamente a las víctimas y replantear las responsabilidades económicas derivadas del siniestro.
Durán señaló que la decisión judicial estadounidense representa un nuevo escenario en el proceso, en el que el reaseguro involucrado en el caso busca deslindar su responsabilidad en la reparación de los daños causados. Enfatizó que la estrategia del reaseguro parece orientada a encontrar un tercero culpable para evitar asumir el pago correspondiente a las indemnizaciones.
El caso del accidente de LaMia, que tuvo lugar en noviembre de 2016 y causó la muerte de 71 personas, involucra actualmente tres procesos legales simultáneos: un arbitraje, una demanda civil y un juicio penal en Bolivia, ninguno de los cuales ha concluido. Durán explicó que la sentencia emitida en Estados Unidos no podía ser considerada definitiva dado que los procesos en Bolivia continúan en curso, con el juicio penal aún en etapa inicial y el arbitraje sin resolución.
En cuanto a la responsabilidad económica, el abogado afirmó que corresponde inicialmente al seguro y posteriormente al reaseguro cubrir los daños materiales, los cuales superan los 800 millones de dólares. Precisó que fue el reaseguro quien apeló la decisión en Estados Unidos para evitar hacerse cargo de estos costos.
El vínculo con Estados Unidos se debe a que la empresa reaseguradora está domiciliada en ese país, lo que abre la posibilidad de que las víctimas emprendan acciones legales en dicha jurisdicción si no se cumple con la indemnización. A pesar de que el accidente ocurrió con un avión boliviano que se estrelló en Colombia y fue fabricado en Inglaterra, la sede del reaseguro estadounidense es clave en el desarrollo del litigio.
Respecto a la responsabilidad de funcionarios bolivianos, Durán hizo hincapié en que el informe oficial de la Aeronáutica Civil de Colombia, elaborado conforme a las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), no atribuye culpa directa a servidores públicos de Bolivia. Este documento señala que el accidente se debió a vacíos normativos y fallas en la administración, sin implicar a personas específicas del Estado boliviano.
En cuanto a la situación de Celia Castedo, quien fuera funcionaria vinculada a la autorización del plan de vuelo de LaMia, el abogado confirmó que actualmente se encuentra en Bolivia y participa activamente en su defensa en el proceso penal que aún no ha iniciado formalmente. Destacó que las suspensiones del juicio no se deben a acciones de Castedo ni del Ministerio Público, sino a la falta de participación de otras instituciones estatales que deben intervenir en el caso.
Finalmente, Durán desmintió que Castedo haya tenido la facultad para aprobar el plan de vuelo de la aeronave involucrada, señalando que según los manuales de la OACI, esa responsabilidad correspondía a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), entidad que, según la documentación, autorizó el vuelo presentado por la aerolínea. Además, indicó que la DGAC ha asumido un papel acusador en el proceso, desviando la responsabilidad hacia Castedo, quien no tenía competencia para tomar decisiones sobre la salida del avión
