El caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset ha generado una serie de reacciones y debates en torno a la gestión gubernamental anterior y la actual en Bolivia, así como a la cooperación internacional entre autoridades de distintos países. La captura de Marset, quien es procesado por la Justicia de Estados Unidos, ha puesto en el centro del análisis las supuestas irregularidades y posibles complicidades que habrían facilitado su permanencia en territorio boliviano.
Fernando Rivadeneira, abogado del expresidente Luis Arce, ha salido al paso de las acusaciones que apuntan a una supuesta manipulación o encubrimiento durante el mandato de su defendido. Según Rivadeneira, no existieron maniobras para ocultar información ni entorpecer investigaciones relacionadas con Marset durante el Gobierno de Arce. De hecho, enfatizó que el expresidente estaría dispuesto a colaborar con cualquier investigación que la Justicia boliviana considere necesaria respecto al caso, aun cuando actualmente se encuentra en detención preventiva en la cárcel de San Pedro por otro proceso judicial vinculado al Fondo Indígena.
El abogado también destacó lo llamativo del contexto en que se produjo la captura del narcotraficante, señalando que pese a existir advertencias previas desde Paraguay sobre la presencia de Marset en Bolivia, fue recién con el cambio de administración gubernamental que las autoridades lograron encontrarlo. Esto sugiere un contraste entre las gestiones y pone en tela de juicio las afirmaciones oficiales sobre la colaboración o posibles protecciones brindadas al acusado.
En paralelo, desde el Ministerio de Gobierno boliviano se ha anunciado la apertura de investigaciones para identificar a quienes habrían protegido o colaborado con Marset dentro del país. Este proceso busca esclarecer también si hubo irregularidades relacionadas con los inmuebles incautados vinculados al narcotraficante. La iniciativa responde a una necesidad institucional por transparentar los hechos y garantizar que no existan redes internas que favorezcan actividades ilícitas.
Por otro lado, el ministro del Interior paraguayo, Enrique Riera, atribuyó un papel fundamental al cambio de Gobierno boliviano para lograr la detención de Marset. En declaraciones realizadas a medios nacionales paraguayos, Riera resaltó la efectividad con que actuó la Policía boliviana tras la transición administrativa. Sin embargo, también reveló tensiones previas con autoridades anteriores, especialmente con Eduardo Del Castillo, exministro de Gobierno en Bolivia. Según Riera, existieron discrepancias significativas e incluso acusaciones mutuas sobre el manejo de información relacionada con otros grupos criminales como el Clan Villalba.
Este episodio evidencia no solo las complejidades inherentes a la lucha contra el narcotráfico transnacional sino también las dificultades políticas y diplomáticas entre países vecinos cuando se trata de coordinar acciones conjuntas. La cooperación entre Paraguay y Bolivia ha mostrado avances recientes pero también desafíos pendientes para garantizar una respuesta eficaz frente a organizaciones criminales.
En definitiva, el caso Marset ha desatado una serie de investigaciones y cuestionamientos sobre prácticas pasadas y actuales dentro del aparato estatal boliviano. Las autoridades han manifestado su intención de depurar responsabilidades internas mientras sectores vinculados al Gobierno anterior defienden su gestión alegando falta de pruebas sobre supuestos encubrimientos. Para la población boliviana y los países vecinos involucrados, este proceso representa una oportunidad crucial para fortalecer los mecanismos legales e institucionales contra el delito organizado y mejorar la transparencia en las acciones estatales destinadas a proteger la seguridad regional
