La detención del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, ha generado un fuerte impacto en el contexto del caso A Ultranza Py, una de las investigaciones más significativas contra el crimen organizado en Paraguay. Esta captura, ocurrida durante un operativo policial el pasado viernes, no solo representa un avance judicial relevante sino que también ha afectado directamente a su entorno más cercano, entre ellos su pareja Gianina García Troche, quien se encuentra procesada y recluida en el penal de máxima seguridad ‘Martín Mendoza’ en Emboscada desde febrero.
García Troche fue informada de la noticia por sus abogados durante una visita realizada poco después del mediodía del viernes. La noticia sobre la captura de Marset fue acompañada por detalles sobre su posterior entrega a agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y su traslado aéreo inicial hacia Lima, como parte de las gestiones para iniciar un proceso judicial en territorio estadounidense. La defensa informó que esta revelación tuvo un fuerte impacto emocional en García, quien además manifestó preocupación tras conocer que su pareja sería sometida a la justicia norteamericana. En medio de esta situación, fuentes penitenciarias indicaron que la procesada se comunicó con familiares responsables del cuidado de sus hijos, reflejando así el efecto personal y familiar que ha tenido esta detención.
El caso A Ultranza Py ha puesto bajo la lupa a una compleja estructura dedicada al tráfico internacional de cocaína y al lavado de dinero, en la cual García Troche habría desempeñado un papel clave en la parte financiera. Según las imputaciones presentadas por el Ministerio Público paraguayo, ella constituyó una sociedad denominada Grupo San Jorge S.A., comercialmente conocida como Total Cars, con un capital inicial declarado cercano a los mil millones de guaraníes y con una participación accionaria mayoritaria del 75%. Esta empresa habría sido utilizada para canalizar fondos ilícitos hacia el sistema financiero formal utilizando documentación laboral presuntamente falsa para justificar movimientos económicos irregulares. La acusación sostiene que estas maniobras permitieron asegurar el disfrute y la legitimación de ganancias derivadas del narcotráfico internacional.
Este entramado financiero se inscribe dentro de una estrategia más amplia atribuida a Marset y su organización criminal, evidenciando cómo actores cercanos al núcleo principal contribuyen a sostener y expandir operaciones ilícitas mediante empresas fachada y manipulación documental. La imputación contra García data desde febrero de 2022 y forma parte esencial del proceso judicial que busca desmantelar esta red.
En paralelo a estos acontecimientos, otro golpe significativo al esquema criminal vinculado con Marset se produjo recientemente dentro de Paraguay con la condena a 13 años de prisión dictada contra el senador colorado Erico Galeano Segovia. El fallo judicial lo responsabiliza por lavado de dinero y asociación criminal debido a su colaboración logística con la red narco al proporcionar una aeronave utilizada por Marset y uno de sus principales colaboradores apodado “Tío Rico”. Esta aeronave permitió mantener operaciones aéreas clave luego que otra parte importante de la flota fuera incautada en octubre de 2020 durante una investigación liderada por el fiscal Marcelo Pecci.
El tribunal especializado en crimen organizado destacó que los vuelos realizados con esa avioneta durante fechas estratégicas y las personas transportadas evidenciaron una colaboración funcional entre Galeano y los operadores del grupo criminal. Además, desestimó cualquier argumento defensivo basado en desconocimiento, concluyendo que existía un vínculo previo fundamentado en confianza mutua entre el legislador condenado y los miembros activos del esquema ilícito.
La captura internacional de Marset junto con las condenas nacionales demuestran la magnitud regional del caso A Ultranza Py. Este proceso judicial no solo revela cómo las redes criminales transnacionales operan mediante complejas estructuras financieras y logísticas sino también cómo afectan directamente a diferentes países sudamericanos involucrados en sus actividades ilícitas. La situación actual pone nuevamente sobre el tapete la necesidad imperante de fortalecer mecanismos coordinados para combatir estos grupos dedicados al tráfico ilegal y lavado sistemático que generan graves consecuencias sociales, económicas y políticas para las naciones afectadas.
En definitiva, este capítulo reciente revela tanto los avances como las dificultades inherentes al combate contra grandes organizaciones criminales transfronterizas. La repercusión pública generada por estos hechos subraya además la importancia que tiene para las familias involucradas enfrentar procesos judiciales complejos mientras se enfrentan a impactos emocionales profundos derivados del accionar policial y judicial tanto nacional como internacionalmente. El caso continúa siendo objeto central dentro del sistema penal paraguayo mientras sigue desarrollándose bajo estricta vigilancia regional e internacional
