Acceso a teléfono clave para caso de presunta manipulación judicial pendiente de resolución judicial

La investigación en curso sobre el denominado caso consorcio, que examina una presunta manipulación en el ámbito judicial para lograr la destitución de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, y facilitar la asunción de su suplente, Iván Campero, se encuentra a la espera de una resolución judicial clave. Las autoridades a cargo del proceso aún no han obtenido la autorización necesaria para acceder a un teléfono celular que contendría la grabación de audio central en este caso.

La solicitud para examinar el contenido de este dispositivo ha sido presentada ante la instancia jurisdiccional pertinente. El objetivo principal es verificar la autenticidad de la llamada o grabación que ha circulado ampliamente, determinando si ha sido objeto de alguna alteración. La resolución de esta petición es crucial para el avance de la pesquisa.

Se ha establecido que el aparato telefónico en cuestión está relacionado con una autoridad judicial, específicamente con el juez de Coroico, Fernando Marcelo Lea Plaza. No obstante, se ha enfatizado la importancia de respetar los derechos a la privacidad e intimidad del magistrado, lo que hace indispensable contar con una orden judicial explícita. Este procedimiento busca evitar cualquier vulneración de derechos que pudiera invalidar el acceso a la evidencia o generar vicios procesales.

El audio, cuya difusión pública ocurrió el pasado mes de junio, supuestamente registra una conversación entre César Siles, entonces ministro de Justicia, y el mencionado juez de Coroico. Poco antes de que esta grabación saliera a la luz, Siles presentó su renuncia al cargo. Por su parte, Lea Plaza fue suspendido temporalmente de sus funciones tras la divulgación del material. Actualmente, ambos individuos están sujetos a órdenes de detención preventiva.

En el marco de esta investigación, se ha informado que un total de ocho personas han sido imputadas. De este grupo, siete ya se encuentran bajo medidas cautelares, que incluyen tanto la detención preventiva como el arresto domiciliario. Sin embargo, uno de los implicados permanece evadido de la justicia. Se ha emitido una orden de captura en su contra, la cual ya ha sido entregada a las fuerzas policiales para su ejecución. El individuo prófugo ha sido identificado como Antonio De La Fuente Amelunge, quien fue el promotor del recurso judicial utilizado en el intento de remover a la magistrada del TSJ.

La motivación exacta detrás de la búsqueda de la destitución de la magistrada Coaquira es un aspecto que aún se encuentra bajo investigación y en proceso de esclarecimiento