Un representante de la Federación de Campesinos de Tarija ha hecho serias acusaciones contra el dirigente Francisco Gutiérrez y la gobernación, en relación con la supuesta malversación de fondos en el Comité Regional de Abastecimiento y Mercadeo Agropecuario (Crama). Tomás Velásquez Rocha, quien lidera una federación rival, afirmó que se retiraron de manera irregular 160 mil bolivianos del Crama, señalando que estos fondos fueron justificados como pagos a miembros de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) del Cercado.
Velásquez expresó su asombro ante la situación, destacando que Gutiérrez había afirmado recibir una resolución de la gobernación que lo reconocía como ejecutivo del Crama, a pesar de que las Centrales campesinas nunca le habían otorgado dicha autoridad. Esta contradicción ha generado confusión entre los miembros de la comunidad, quienes se preguntan sobre la legitimidad de las acciones del dirigente.
Además, Velásquez indicó que la gerente del Crama, Aluida Vilte Farfán, fue quien firmó los cheques que desembolsaron los 160 mil bolivianos. Según él, Vilte entregó parte de estos fondos a su hija y a dos funcionarios de Fejuve Cercado. Gutiérrez, por su parte, había designado a Vilte como gerente, un nombramiento que Velásquez califica de ilegal, ya que según las normas del Crama, el directorio debe seleccionar al gerente a través de un proceso de convocatoria y méritos, lo cual no se llevó a cabo.
Pascual Díaz, exmiembro del directorio del Crama, también señaló que dicho directorio está compuesto por representantes de la Federación de Campesinos y de las siete Centrales campesinas, quienes son responsables de designar al gerente de la institución.
En respuesta a estas acusaciones, el gobernador Oscar Montes informó que, debido a un decreto nacional, el Crama goza de autonomía en su funcionamiento. Como resultado, se ha interrumpido la práctica de que la gobernación autorizara los movimientos financieros del Crama. Montes añadió que, tras enterarse de la situación, decidieron congelar las cuentas de la institución, que actualmente contienen alrededor de 700 mil bolivianos. Estos fondos serán transferidos una vez que la Federación resuelva su conflicto interno. El gobernador subrayó que el Crama es una entidad privada y que la gobernación no tiene injerencia en su gestión
