El Viceministerio de Transparencia ha iniciado una investigación relacionada con posibles irregularidades y vínculos ilícitos entre autoridades y particulares en un reciente proyecto de infraestructura. Entre las más de 340 denuncias presentadas contra alrededor de 60 entidades estatales, la Aduana Nacional ha sido señalada nuevamente por supuestas anomalías en la construcción de sus nuevas oficinas.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, confirmó que la denuncia está vinculada al proceso de adquisición del terreno y la ejecución del proyecto de la Aduana en la región, donde se sospechan irregularidades administrativas, posibles favorecimientos y conexiones inapropiadas entre funcionarios y particulares. No obstante, hasta que la denuncia sea formalizada ante las instancias judiciales, no se divulgarán detalles específicos ni se señalarán responsables, aunque el caso será monitoreado de cerca.
Paralelamente a esta investigación, la Aduana ha enfrentado críticas en las últimas semanas debido a denuncias por presuntos abusos, extorsiones y procedimientos irregulares contra ciudadanos. Estas situaciones provocaron la creación de una asociación que agrupa a las víctimas de la Aduana y de Diprove, con el objetivo de visibilizar y denunciar estos hechos.
Entre las prácticas cuestionadas se encuentra la inspección de vehículos para verificar números de chasis, que en varios casos ha culminado con la incautación de motorizados bajo argumentos cuestionados por los afectados. Un caso destacado involucra a un camión antiguo cuyo número de chasis estaba deteriorado, lo que llevó a exigir al propietario un costoso procedimiento de revenido químico. Este trámite implicó pagos que superaron ampliamente el costo real, y solo tras el desembolso total se confirmó que el vehículo no presentaba problemas.
Según representantes de la asociación de víctimas, este tipo de situaciones no son aisladas y afectan a numerosos ciudadanos, quienes han sido presuntamente extorsionados por funcionarios de la Aduana y Diprove. Por ello, se invita a quienes hayan sufrido estos abusos a unirse para fortalecer la denuncia pública.
Entre los casos más notorios se encuentra el de un ciudadano extranjero que recuperó un vehículo robado en su país, localizado en Bolivia mediante GPS. Sin embargo, al intentar regresar con el automotor, fue interceptado por funcionarios de la Aduana que procedieron a incautar y desmantelar la camioneta, argumentando que carecía de documentación válida. Otro incidente similar involucró la incautación y desmantelamiento de un bus, pese a que existía un proceso judicial en trámite, lo que generó cuestionamientos sobre la legalidad de estas acciones.
Cabe destacar que, en campañas anteriores, se planteó la eliminación de la Aduana Nacional como medida para combatir la corrupción persistente en esta institución, pero hasta la fecha esta reforma no se ha concretado. La actual situación mantiene en alerta a la población y a las autoridades encargadas de la supervisión
