El alcalde municipal de Tarija, Johnny Torres Terzo, se prepara para enfrentar un juicio oral programado para este viernes a las 09:00 horas. El proceso judicial se centra en una imputación por el presunto delito de sedición, derivada de las movilizaciones ciudadanas ocurridas a finales del año 2021, que tuvieron como objetivo principal la Ley 1386, relacionada con la lucha contra ganancias ilícitas.
El burgomaestre ha calificado este procedimiento como una manifestación de persecución política y judicial, atribuyéndola a instancias gubernamentales y actores vinculados a la organización política en el poder. A pesar de su postura crítica, ha confirmado su asistencia a la audiencia, reafirmando su compromiso de asumir su defensa ante las acusaciones.
Torres ha enfatizado que, a lo largo de su trayectoria, nunca ha incurrido en conductas que pudieran tipificarse como sedición. Ha expresado que, a pesar de lo que considera un persistente acoso judicial, se presentará en el tribunal como ciudadano para ejercer su derecho a la defensa. Asimismo, ha señalado que las investigaciones se han extendido por más de cuatro años sin que, a la fecha, se haya presentado ninguna prueba concluyente en su contra, lo que, en su opinión, corrobora la naturaleza persecutoria del caso. Ha lamentado que este tipo de acciones judiciales se dirijan contra figuras de la oposición, incluso cuando se presentan pruebas en su descargo de manera continua.
Este litigio no es el único que enfrenta la autoridad municipal. Ha revelado la existencia de múltiples procesos abiertos en su contra, destacando, además del caso de sedición, el relacionado con el proyecto de construcción del puente 4 de Julio. Respecto a este último, Torres ha recordado que, en su momento, se cuestionó la calidad de la infraestructura y la viabilidad de su finalización, sugiriendo una supuesta actuación en contra de los intereses estatales. Sin embargo, el puente fue completado hace más de seis meses, mientras que el proceso judicial asociado aún persiste, lo que el alcalde interpreta como una clara evidencia de persecución judicial.
La denuncia que dio origen a este proceso fue interpuesta a finales de 2021 por quien entonces fungía como secretario ejecutivo de la Federación de Campesinos de Tarija, Rubén Aldo Velásquez. La acción legal se dirigió tanto contra el gobernador Óscar Montes como contra el alcalde de la ciudad de Tarija, Johnny Torres, alegando presuntos delitos de sedición, atentado contra la seguridad de servicios básicos e instigación pública a delinquir, en el contexto de las protestas contra la mencionada Ley 1386, que aborda la investigación de fortunas ilícitas
