La administración municipal de Tarija ha iniciado el proceso para dar por concluido el acuerdo que sustentaba el proyecto de fotomultas, y procederá a la rescisión del contrato con la empresa Smart Solutions. Esta decisión surge a raíz de la detección de cobros de sanciones que, según las autoridades locales, fueron efectuados de manera unilateral por parte de la compañía.
Representantes legales de la comuna han ratificado que la directriz de dar por terminado el convenio emana directamente de la máxima autoridad ejecutiva del municipio. Actualmente, el equipo jurídico se encuentra abocado a la formalización de los procedimientos necesarios para dejar sin efecto la vinculación contractual.
Un aspecto crucial en esta situación es la confirmación por parte del municipio de que el decreto que debía otorgar validez al proyecto nunca fue publicado en la gaceta oficial. Esta omisión legal fue el fundamento para que una instancia judicial suspendiera la implementación del sistema de fotomultas.
Aunque la administración local reconoce la falta de publicación, argumenta que el alcalde estaba inmerso en un proceso de socialización y diálogo con diversos sectores para evaluar la aceptación ciudadana del proyecto. Sin embargo, en medio de esta fase de consulta, la empresa procedió a la emisión y cobro de multas sin la debida autorización o respaldo legal.
La actuación de la empresa provocó una fuerte reacción, especialmente en el sector del transporte, que llevó a cabo movilizaciones exigiendo la anulación del proyecto. Ante esta situación y los cobros indebidos, el municipio intervino, impidiendo la continuidad de las recaudaciones por parte de la empresa y enviando una notificación de intención de rescisión contractual hace aproximadamente un mes y medio.
La empresa ya ha respondido a esta notificación, y ahora la municipalidad explora las vías legales más adecuadas para culminar la rescisión del contrato. La relación entre ambas partes se considera seriamente deteriorada debido a los cobros unilaterales, lo que complica el proceso.
Si bien se busca un diálogo para alcanzar un cierre ordenado del acuerdo, no se descarta la posibilidad de que la empresa pueda reclamar resarcimiento por daños y perjuicios. La eventualidad de un litigio judicial es una opción abierta, dependiendo de las decisiones que cada parte decida tomar en el futuro
