La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) enfrenta un escenario financiero complejo que ha obligado a sus autoridades a replantear la estructura presupuestaria con el fin de asegurar la estabilidad económica de su personal y el funcionamiento institucional. Esta situación responde a una serie de factores externos que han alterado significativamente la distribución original de los gastos, generando un desfase que pone en tensión la operatividad del ente legislativo.
El principal detonante de esta problemática ha sido el aumento del salario mínimo nacional decretado por el Gobierno central, un ajuste que ha repercutido directamente en la partida destinada al pago de sueldos y salarios dentro del presupuesto de la ALDT. Este incremento salarial no ha venido acompañado de un ajuste equivalente en los ingresos efectivos que recibe la Asamblea, creando así un desequilibrio financiero que requiere una intervención urgente para evitar consecuencias mayores.
En paralelo, esta situación no es exclusiva del Legislativo departamental, sino que también afecta a la Gobernación de Tarija, entidad con la cual la ALDT mantiene una relación presupuestaria estrecha. La Gobernación atraviesa dificultades similares y aún no ha remitido una propuesta formal de reformulación presupuestaria, documento esencial para que el pleno legislativo pueda analizar y aprobar las modificaciones necesarias. La espera por esta propuesta retrasa las acciones concretas para corregir el desfase económico.
Es importante destacar que el mayor problema se concentra en la partida presupuestaria 1.000, destinada específicamente al pago de salarios y remuneraciones. El aumento en esta partida se ha producido sin un incremento paralelo en los ingresos, lo que genera una presión financiera considerable sobre los recursos disponibles. Esto obliga a realizar una reingeniería financiera para optimizar el uso del presupuesto vigente sin afectar los compromisos laborales ni los servicios contratados.
El marco legal y administrativo dentro del cual debe realizarse cualquier modificación es el Programa Operativo Anual (POA) para el año 2026, que prevé una administración aproximada de 430 millones de bolivianos para todo el departamento. Cualquier reformulación deberá respetar este límite y ajustarse a las normativas vigentes, lo que implica un desafío adicional para equilibrar las cuentas sin exceder los recursos asignados por ley.
Además del aumento salarial y la falta de ajuste presupuestario, otro elemento complicador es la irregularidad en las transferencias financieras desde la Gobernación hacia la ALDT. Estas transferencias son fundamentales para cubrir gastos operativos como contrataciones y servicios esenciales; sin embargo, su incumplimiento genera atrasos que dificultan mantener al día estos compromisos económicos.
En términos concretos, la deuda acumulada por la Asamblea Legislativa Departamental asciende a cerca de 300.000 bolivianos correspondientes al ejercicio fiscal 2024, a lo cual se suman aproximadamente 200.000 bolivianos adicionales durante lo transcurrido del presente año. Este endeudamiento refleja no solo problemas coyunturales sino también estructurales vinculados a la liquidez insuficiente para ejecutar los recursos ya aprobados en el presupuesto.
El presidente de la ALDT ha subrayado que el problema fundamental no radica en una insuficiencia presupuestaria global sino en dificultades para disponer oportunamente de los fondos necesarios para cumplir con las obligaciones financieras. Esto evidencia un desajuste entre asignación presupuestaria y ejecución financiera que requiere ajustes administrativos y financieros profundos.
En suma, la Asamblea Legislativa Departamental se encuentra frente a un escenario donde factores externos como las políticas salariales nacionales y retrasos en transferencias interinstitucionales han impactado negativamente su estabilidad económica. La necesidad imperiosa es llevar adelante una reingeniería financiera basada en una reformulación presupuestaria cuidadosamente diseñada dentro del marco normativo vigente, con miras a garantizar tanto el cumplimiento puntual con su personal como la continuidad operativa del órgano legislativo. Esta situación refleja también desafíos más amplios sobre la coordinación financiera entre diferentes niveles del gobierno departamental y nacional, cuyos efectos repercuten directamente en el funcionamiento institucional y servicio público ofrecido a la población tarijeña
