La campaña electoral en Tarija ha vivido una nueva polémica que involucra a dos de los principales aspirantes a cargos públicos en la región. En un comunicado oficial, Luciana Campero, candidata a la Alcaldía por la Alianza Patria, se pronunció para aclarar su posición respecto a una demanda de inhabilitación presentada contra Mario Cossío Cortez, candidato a la Gobernación por Camino Democrático al Cambio (CDC). Campero señaló expresamente que no tiene ninguna relación ni participación en esta acción legal que busca impedir la continuidad de Cossío en el proceso electoral.
El comunicado reconoce que la persona que interpuso la demanda aparece en algunas imágenes realizando actividades de campaña vinculadas a la Alianza Patria. Sin embargo, subraya que esta actuación fue una decisión personal y no responde a instrucciones ni forma parte de una estrategia coordinada dentro del equipo de campaña de Campero. En consecuencia, para preservar la coherencia con los principios éticos y la línea de conducta que caracteriza a su candidatura, esta persona fue desvinculada inmediatamente de cualquier espacio o actividad relacionada con la campaña.
Este pronunciamiento se produce luego de que el delegado del partido Camino Democrático al Cambio, Luis Pedraza, denunciara públicamente que detrás de las demandas legales contra Mario Cossío estaría precisamente la Alianza Patria. Pedraza advirtió que estas acciones judiciales buscan “quitarle el derecho” al candidato Cossío de ser elegido mediante el voto ciudadano, poniendo en riesgo uno de los procesos democráticos fundamentales. Además, confirmó que Cossío aún enfrenta tres demandas diferentes cuyo objetivo común es frenar su candidatura a la Gobernación.
Este escenario evidencia un clima político tenso y marcado por disputas legales entre las fuerzas políticas que compiten por el liderazgo regional. Las demandas judiciales contra candidatos representan un mecanismo utilizado frecuentemente para debilitar a rivales electorales y generar incertidumbre entre los electores. La aclaración pública hecha por Luciana Campero busca distanciar su campaña de estas maniobras legales y reafirmar su compromiso con una competencia limpia y transparente.
Para la población tarijeña, este episodio tiene implicaciones directas en el desarrollo del proceso electoral, ya que pone en evidencia las estrategias y tensiones entre candidatos y partidos políticos. La existencia de múltiples demandas contra un aspirante clave puede influir en la percepción ciudadana sobre la legitimidad del proceso y sobre quienes serán sus representantes elegidos. Asimismo, el hecho de que integrantes cercanos a campañas hayan tomado decisiones personales con impacto político revela las complejidades internas y los desafíos para mantener un control efectivo sobre las acciones dentro del ámbito electoral.
En definitiva, este intercambio público entre las candidaturas refleja no solo un enfrentamiento político sino también una disputa legal que podría afectar el curso electoral en Tarija. Mientras tanto, los ciudadanos observan atentamente cómo se desarrollan estos hechos y cómo las distintas fuerzas políticas responden ante situaciones que ponen en juego no solo candidaturas individuales sino también principios democráticos esenciales como el derecho al voto libre y justo
