Una reciente controversia ha surgido a raíz de las declaraciones emitidas por dirigentes vinculados al expresidente Evo Morales, durante un ampliado de movimientos sociales celebrado el pasado fin de semana. Las enérgicas afirmaciones de una de las voceras de la organización política PAN-BOL, Ruth Nina, han provocado una ola de críticas y la activación de acciones legales en su contra.
La dirigente advirtió que, de no garantizarse la participación popular y de las naciones indígenas con un candidato elegido por el pueblo, como el exmandatario, la jornada electoral del 17 de agosto podría derivar en un escenario de confrontación. En sus palabras, se priorizaría la defensa de sus principios sobre cualquier imposición, llegando incluso a señalar que, en lugar de votos, se contarían consecuencias fatales si se intentaba forzar la elección de candidatos ajenos a su voluntad o se atentaba contra sus comunidades. Estas declaraciones se produjeron en el marco del ampliado nacional de organizaciones sociales afines al exmandatario.
Los participantes de dicho encuentro enfatizaron su determinación de luchar y advirtieron que, sin la inclusión de los sectores interculturales, no se llevarían a cabo las elecciones en agosto, calificando el proceso electoral de antidemocrático y manipulado.
Desde el ámbito de la oposición, una diputada ha manifestado que estas posturas buscan la suspensión de las próximas elecciones nacionales. La legisladora expresó su alarma ante lo que percibe como una dualidad: mientras una facción política anuncia este tipo de acciones, la administración actual parece desentenderse, y el propio presidente del Estado ha indicado en una cumbre política la imposibilidad de garantizar los recursos necesarios para el desarrollo de los comicios generales. Esta situación, según la diputada, genera una profunda preocupación y la sospecha de un posible acuerdo tácito entre las partes involucradas. La misma legisladora anunció que se solicitará la aprehensión de Ruth Nina y recordó que, hace varias semanas, otra diputada ya formalizó una denuncia contra el expresidente Morales por presunta instigación pública a delinquir y amenazas.
Por su parte, la cartera de Gobierno ha calificado las recientes expresiones como una revelación de los verdaderos propósitos de la facción política en cuestión, instando a la ciudadanía a discernir sus intenciones. La autoridad gubernamental recordó que, en 2019, la misma dirigente acusaba al exmandatario de dictador y de incumplir la Constitución Política del Estado, mientras que hoy se erige como una de sus principales defensoras. Se explicó que las declaraciones emitidas por la dirigente podrían configurar un conjunto de delitos, que van desde la instigación pública a delinquir hasta delitos electorales o, incluso, terrorismo.
Sin embargo, desde el sector afín al exmandatario, se ha rechazado categóricamente los procesos iniciados contra Ruth Nina y otros dirigentes de movimientos sociales. Argumentan que se trata de una estrategia del gobierno para desviar la atención de la falta de soluciones a problemas cruciales que enfrenta el país, como la escasez de combustible y la compleja situación económica.
En una conferencia de prensa, Ruth Nina, por su parte, afirmó estar siendo víctima de violencia mediática y acoso político. Sostuvo que millones de bolivianos han sido excluidos de estas elecciones nacionales de manera ilegal por parte del Tribunal Electoral. La dirigente aseguró que su presencia ante el pueblo boliviano tiene el propósito de ofrecer una explicación, ya que considera que son los ciudadanos quienes merecen claridad, no así los parlamentarios bravucones que, según ella, la han atacado. Remarcó que su voz es su única herramienta para llegar a cada rincón de Bolivia y representar a los millones de bolivianos que, a su juicio, han sido marginados de este proceso electoral. Finalmente, declaró que su comparecencia buscaba aclarar interpretaciones erróneas y tergiversaciones difundidas por algunos medios de comunicación
