Representantes del sector de productores de oleaginosas y trigo del país se han reunido individualmente con los candidatos que compiten en la segunda vuelta presidencial, Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga. Durante estos encuentros, la asociación presentó una detallada agenda productiva, enfatizando la relevancia estratégica del sector tanto para la economía nacional como para la seguridad alimentaria de la nación.
Este plan estratégico delineó varias prioridades fundamentales. Entre ellas, el sector aboga por la completa liberalización de las exportaciones, la garantía de un suministro estable de combustible, la agilización en la aprobación de biotecnología para cultivos esenciales como la soya, el maíz y el trigo, y la consolidación de infraestructuras logísticas clave, mencionando específicamente Puerto Busch, para optimizar la eficiencia comercial. Adicionalmente, la agenda incluye un llamado a reformas institucionales más amplias.
De implementarse estas medidas, el potencial de crecimiento es considerable. Los análisis del sector proyectan que la producción nacional de granos podría casi triplicarse, pasando de cinco a una estimación de doce millones de toneladas anuales. Esta expansión se anticipa que duplicaría el movimiento económico del sector, elevándolo de 1.500 millones a más de 3.200 millones de dólares, y generaría hasta 300.000 nuevos puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. La comunidad agrícola sostiene que marcos regulatorios claros y el acceso a tecnología avanzada son cruciales para transformar la industria en un motor aún más potente para el desarrollo económico.
No obstante, a pesar de estas perspectivas optimistas, el sector actualmente enfrenta un complejo panorama de desafíos. Los productores lidian con costos crecientes de insumos, una persistente incertidumbre en el suministro de diésel y políticas restrictivas sobre la exportación de granos. La falta de acceso a avances biotecnológicos ya comunes en países vecinos, junto con problemas de inseguridad jurídica derivados de avasallamientos de tierras, dificultades para acceder al crédito y deficiencias logísticas que encarecen el transporte, obstaculizan colectivamente la productividad y la competitividad. Por ello, la industria ha puesto de manifiesto estos obstáculos, junto con soluciones propuestas, como prioridades nacionales esenciales para aprovechar de manera sostenible el potencial agrícola del país.
El complejo oleaginoso, con la soya a la cabeza, se erige como un pilar fundamental de la economía exportadora nacional. Se posiciona como la tercera categoría de exportación más grande, solo superada por los hidrocarburos y los minerales, y es el principal producto no tradicional. El año pasado, este complejo generó ingresos que superaron los 2.000 millones de dólares, una cifra comparable a la del gas natural. La cadena de valor sustenta a aproximadamente 14.000 productores, de los cuales un significativo 80% son pequeños agricultores, y es responsable de mantener alrededor de 120.000 empleos.
Los productores de las regiones orientales son proveedores vitales tanto para el mercado interno como para los exigentes mercados de la Comunidad Andina —incluyendo Colombia, Perú, Ecuador y Chile—, que absorben el 93% de las exportaciones de soya y sus derivados. Más allá de la producción de alimentos, el fomento del cultivo de oleaginosas también representa una vía significativa hacia la independencia energética. La capacidad de transformar el aceite de soya en biodiésel ofrece una estrategia para reducir la dependencia de las importaciones de diésel, fortaleciendo así la soberanía energética nacional.
El sector agrícola afirma que sus propuestas no son solicitudes de privilegios, sino más bien un llamado a establecer condiciones equitativas que le permitan competir eficazmente con sus homólogos regionales. El camino a seguir, enfatiza, radica en asegurar la autosuficiencia alimentaria y energética a través de una sólida producción interna
