Las bancadas de APB-Súmate y Libre presentaron este martes una solicitud formal para la creación de una Comisión Especial Legislativa de carácter extraordinario, con el objetivo de investigar las acusaciones planteadas por el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, respecto a un presunto desfalco de 15 mil millones de dólares durante las gestiones del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La propuesta fue entregada a la Presidencia de la Cámara de Diputados, buscando iniciar un proceso de fiscalización ágil y confiable que permita esclarecer los hechos denunciados.
La iniciativa fue impulsada por la diputada Estíbaliz Bravo (APB-Súmate), quien manifestó su sorpresa e indignación ante la magnitud de la supuesta corrupción atribuida a las administraciones de Luis Arce Catacora y Evo Morales Ayma. Según la legisladora, el país no puede permanecer indiferente frente a un daño económico de esta envergadura, que se considera sin precedentes en la historia nacional.
Bravo destacó que la conformación de una comisión extraordinaria facilitaría la identificación rápida de responsabilidades políticas y penales, contribuyendo a la transparencia del proceso.
El respaldo a esta propuesta proviene de los jefes de bancada de APB-Súmate y Libre, Diego Bráñez y Rafael López, quienes firmaron el documento que fue recibido por el presidente de Diputados, Roberto Castro. Con la recepción de esta solicitud, se dio inicio al procedimiento interno para su análisis y eventual discusión en el pleno legislativo.
Según estimaciones preliminares de los bloques involucrados, la Comisión Especial podría entregar sus resultados en un plazo aproximado de dos meses. El trabajo incluirá la revisión de informes económicos, auditorías anteriores, la toma de declaraciones y el análisis de las recientes denuncias presentadas por el presidente Paz, que han reavivado el debate sobre el alcance del daño financiero atribuido al MAS.
Mientras la solicitud avanza en el proceso legislativo, desde la oposición se señala que esta investigación representará una verdadera “prueba de voluntad política” para el Parlamento. Aseguran que esclarecer estas denuncias no solo es un acto de transparencia, sino también un paso fundamental para restaurar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado
