El Concejo Municipal de Tarija está impulsando una iniciativa legislativa para regular las quemas agrícolas, una medida que surge tras el reciente y extenso incendio en la serranía de Sama, que arrasó con más de 11.000 hectáreas. La propuesta contempla la creación de un calendario para quemas asistidas, coordinado con la Unidad de Gestión de Riesgos y los cuerpos de bomberos. Asimismo, se establecerán severas sanciones para quienes inicien fuegos sin adherirse a esta planificación previa.
La concejal municipal, Adriana Romero, ha indicado que el proyecto de ley sobre quemas controladas ha experimentado avances significativos y su presentación oficial se anticipa para la próxima semana. Esta acción responde directamente a los recientes siniestros que han afectado el valle central de Tarija y busca imponer penalizaciones más rigurosas a los responsables.
Actualmente, la propuesta legislativa se encuentra en fase de consulta con diversos sectores. Romero ha explicado que, ante este tipo de emergencias, las administraciones municipales se ven obligadas a reasignar recursos presupuestarios, desviando fondos que originalmente estaban destinados a áreas vitales como la salud, la educación y el desarrollo comunitario, las cuales resultan directamente afectadas por los incendios.
Se ha extendido una invitación a las comunidades agrícolas para participar en próximas reuniones en el Concejo, donde se discutirá en detalle la nueva normativa. Se subraya que las sanciones se aplicarán específicamente a las quemas que no sean coordinadas ni incluidas en el calendario establecido conjuntamente con la Unidad de Gestión de Riesgos y los bomberos.
Romero ha recordado que, ya en 2023, se llevaron a cabo esfuerzos de concientización con las comunidades campesinas, en colaboración con la Unidad de Gestión de Riesgos y los bomberos. En aquel entonces, se solicitó a los productores agrícolas elaborar un cronograma de quemas para recibir asistencia y prevenir la propagación descontrolada del fuego. Sin embargo, existe incertidumbre sobre la implementación efectiva de tales calendarios. Por ello, la concejal enfatiza la imperiosa necesidad de contar con una ley que imponga esta obligación para evitar futuras pérdidas, dado que, a pesar de los esfuerzos de concientización de gestiones pasadas, la recurrencia de los incendios persiste.
En un ámbito distinto, el Instituto Tecnológico Agropecuario San Andrés ha anunciado que, antes de finalizar el año, llevará a cabo una investigación para cuantificar el impacto del reciente incendio en la Reserva Biológica de Sama y en la cuenca de Lazareto. El objetivo principal es evaluar la disminución en la capacidad de recarga hídrica en estas zonas. Un docente del instituto, Armando Smith Gómez, ha mencionado que, tras un incendio anterior en 2017, la institución realizó 36 pruebas de permeabilidad en las áreas afectadas, en coordinación con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), concluyendo que la contribución hídrica a Tarija se había reducido entre un 19% y un 21%.
Respecto al último incendio en Sama, el SERNAP ha estimado que un total de 11.250 hectáreas fueron consumidas por el fuego, de las cuales 8.400 se encontraban dentro de la Reserva Biológica y el resto en sus zonas de amortiguamiento
