Recientes declaraciones de un candidato a la presidencia chilena han provocado una enérgica respuesta desde el gobierno boliviano, generando un episodio de tensión diplomática. El actual mandatario de Bolivia ha calificado las propuestas de este postulante como imprudentes y carentes de fundamento, sugiriendo que su objetivo es meramente electoral.
El aspirante chileno, una figura de la derecha conservadora que se posiciona en tercer lugar según los sondeos, planteó la medida de cerrar la frontera con Bolivia. Sus afirmaciones incluían la erradicación del comercio ilícito de vehículos chilenos en territorio boliviano y advertencias sobre un futuro desafiante para la capital boliviana, insinuando una pérdida de su carácter pacífico.
Ante esto, el presidente boliviano expresó su rotundo rechazo, calificando los comentarios de profundamente irresponsables e inaceptables. Subrayó que tales expresiones denotan una falta de madurez política y un intento de obtener rédito en las urnas, lo cual pone en riesgo la buena relación bilateral construida en los últimos años. El líder boliviano reafirmó el compromiso de su nación con la integración regional, el diálogo y la búsqueda de la paz como pilares para el bienestar y el progreso compartido. El traspaso de mando presidencial en Bolivia está programado para el 8 de noviembre, cuando el centrista Rodrigo Paz asumirá la jefatura de Estado.
El origen de estas polémicas declaraciones se enmarca en la victoria de Rodrigo Paz en la segunda vuelta electoral boliviana del pasado 19 de octubre. Durante su campaña, Paz propuso la legalización de los vehículos indocumentados, conocidos popularmente como ‘chutos’, que circulan principalmente en las zonas rurales del país.
Los ‘chutos’ son automóviles que ingresan a Bolivia sin la debida documentación legal y cuya procedencia es a menudo desconocida. Existe una preocupación significativa y denuncias de que muchos de estos vehículos fueron sustraídos en Chile y posteriormente vendidos ilegalmente en Bolivia. La mera posibilidad de una medida de legalización ya había generado fricciones con autoridades chilenas, quienes alertaron sobre un posible incremento en el robo de automóviles en su territorio. A nivel interno, la Cámara Automotor Boliviana manifestó en septiembre su inquietud, advirtiendo que una iniciativa de este tipo podría perjudicar al sector formal de importación de vehículos. Se estima que, de un parque automotor boliviano de 2.5 millones de unidades (de las cuales 1.7 millones son de cuatro ruedas), aproximadamente un millón corresponden a vehículos ilegales.
No obstante, el presidente electo Paz aclaró durante su campaña que la legalización no abarcaría a los vehículos robados, los cuales serían devueltos a sus países de origen. Adicionalmente, propuso un registro exhaustivo del parque automotor boliviano, con el fin de cuantificar el consumo de combustible y, con base en ello, implementar políticas que aseguren el abastecimiento de diésel y gasolina.
Bolivia enfrenta desde hace varias semanas una compleja situación de desabastecimiento de combustibles, exacerbada por la escasez de liquidez en dólares. Este asunto representa la principal prioridad para el presidente electo, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos gestionando apoyo del gobierno y de organismos multilaterales para abordar esta crítica situación nacional
