La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija se encuentra inmersa en un proceso de reorganización profunda, tanto administrativa como económica. Esta iniciativa responde a la significativa reducción de los ingresos departamentales y a un considerable déficit de 500.000 bolivianos heredado de la gestión anterior.
El actual presidente de la Asamblea Legislativa, Damián Castillo, ha señalado que la institución fue recibida con una serie de obligaciones financieras pendientes. Entre estas se incluyen deudas por concepto de salarios, que superan los 2 millones de bolivianos, así como compromisos impagos con proveedores y contratos de servicios publicitarios con diversos medios de comunicación. Adicionalmente, se detectó un parque automotor en estado deficiente y responsabilidades administrativas sin cumplir.
Ante este panorama, la directiva ha resuelto implementar un exhaustivo análisis de todos los contratos vigentes, con el objetivo de optimizar los recursos y asegurar la operatividad hasta fin de año. Una de las medidas centrales en estudio es la reducción de los gastos de funcionamiento en hasta un 25%, lo que implicaría un ahorro estimado de entre 2 y 2.5 millones de bolivianos. De concretarse, el presupuesto de la Asamblea podría ajustarse de los actuales 17.5 millones a aproximadamente 15 millones de bolivianos.
Esta reestructuración se alinea con las directrices del ejecutivo departamental, quien ha enfatizado la necesidad de ajustar el presupuesto de la Asamblea en función de los ingresos reales del departamento. Un informe reciente del Gobierno Autónomo Departamental revela que los recursos recibidos son un 30% inferiores a lo inicialmente presupuestado para el año en curso, lo que directamente impacta la asignación de fondos para el ente legislativo.
Para abordar estas cuestiones, se ha convocado a una reunión de directiva para este viernes, donde se analizará en detalle la propuesta de reducción de gastos operativos. Dentro de este proceso de ajuste, también se evalúa la posibilidad de una disminución en el número de funcionarios públicos, que actualmente asciende a 120.
Aunque este ajuste financiero idealmente debió haberse iniciado a principios de la gestión, su implementación se proyecta para los próximos seis meses. Ya se cuenta con un borrador de las medidas, el cual será presentado al pleno de la Asamblea en una sesión programada para el viernes o el próximo lunes.
En otro orden de ideas, la propuesta de reducción de la escala salarial de los asambleístas, presentada por el gobernador en marzo, aún no ha sido debatida en el pleno. No obstante, la directiva ha manifestado que este tema, junto con la Ley de reducción del número de asambleístas, será una prioridad en su agenda
