La Asamblea Regional del Gran Chaco ha renovado su dirección. En una sesión plenaria reciente, se llevó a cabo la elección y posterior posesión de la nueva mesa directiva.
La asambleísta Martha Armella, representante por Caraparí, asumió la presidencia de la institución. La acompañan en la mesa directiva José Luis Romero, también representante por Caraparí, quien fue designado vicepresidente, y Osvaldo López, en representación del pueblo Weenhayek, quien ocupará el cargo de secretario. Esta nueva conformación fue respaldada por una amplia mayoría de los miembros de la Asamblea, obteniendo el voto favorable de diez de los doce asambleístas regionales.
El desafío inmediato para la flamante directiva radica en abordar la compleja situación financiera que atraviesa la institución, con el objetivo primordial de restablecer la normalidad en sus operaciones. La raíz de esta crisis se encuentra en la interrupción o falta de transferencia de recursos económicos por parte del órgano ejecutivo del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco hacia la Asamblea Regional.
Esta situación ha generado una significativa deuda en el pago de haberes tanto al personal administrativo y técnico como a los propios asambleístas regionales. Según informes internos, el personal registra salarios pendientes de pago por alrededor de tres meses, mientras que los asambleístas tienen haberes adeudados por dos meses.
Pero la problemática se extiende más allá de los sueldos. La institución enfrenta la posibilidad de cortes en servicios básicos esenciales como energía eléctrica, agua e internet debido a la falta de pago. Asimismo, se registran deudas significativas con la Caja Nacional de Salud desde noviembre del año pasado, lo que ha resultado en la suspensión de la atención médica para el personal. Los pagos a la Gestora Pública también están pendientes, derivando en el inicio de procesos coactivos. La operatividad se ve afectada: los vehículos institucionales se encuentran inmovilizados al no poder renovar sus seguros, y las oficinas en Yacuiba corren el riesgo de ser desalojadas por el impago del alquiler.
Documentos internos de la Asamblea Regional, emitidos en abril, ya alertaban sobre el estado de paralización administrativa y financiera en los tres municipios, señalando que la crisis se arrastra desde finales del año anterior. Un comunicado oficial interno describía la falta de transferencias como insostenible y el escenario como de mucha incertidumbre y preocupación.
El monto total adeudado por el ejecutivo regional a la Asamblea Regional, vital para su funcionamiento, asciende a 2.600.000 bolivianos. Esta cifra se desglosa en 1.100.000 bolivianos correspondientes a Yacuiba, 750.000 bolivianos para Caraparí y otros 750.000 bolivianos destinados a Villa Montes.
Ante este panorama, varios asambleístas regionales han emprendido acciones legales. Se ha formalizado una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, invocando la vulneración de derechos laborales y el incumplimiento, y otra denuncia penal ante el Ministerio Público contra el anterior titular de la Asamblea Regional, Daniel Carrillo, por la presunta comisión de delitos como incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Además, se evalúa la posibilidad de recurrir a mecanismos legales como una acción de cumplimiento o una acción popular para exigir al ejecutivo regional la regularización inmediata de las transferencias.
La Asamblea Regional se encuentra en un estado de crisis financiera que ha paralizado la mayoría de sus actividades. La expectativa general es que, con la nueva conducción, se logre superar esta etapa crítica y se restablezcan plenamente las actividades institucionales en beneficio de la región
