En una reciente sesión plenaria, la Asamblea Regional del Gran Chaco procedió a la elección de sus nuevas autoridades, conformando la mesa directiva para el próximo periodo.
La nueva directiva quedó conformada por Martha Armella, representante de Caraparí, quien asumió la presidencia; José Luis Romero, también de Caraparí, como vicepresidente; y Osvaldo López, en representación del pueblo Weenhayek, como secretario. La elección se realizó durante una sesión del pleno y contó con un amplio respaldo, obteniendo la nueva directiva el voto favorable de diez de los doce asambleístas que componen el cuerpo legislativo regional, superando el requisito de los dos tercios.
El principal desafío que enfrenta la recién posesionada directiva reside en la crítica situación financiera de la institución. Esta crisis obedece fundamentalmente a la falta de transferencia de recursos económicos por parte del ejecutivo del Gobierno Autónomo Regional. La consecuencia directa es una considerable deuda salarial. El personal técnico y administrativo acumula aproximadamente cuatro meses sin percibir sus haberes, con atrasos que se remontan a enero del año en curso. Los propios asambleístas regionales también registran impagos, correspondientes a cerca de dos meses, desde febrero.
En este contexto de dificultades económicas y laborales, se han formalizado acciones legales contra la anterior presidencia de la Asamblea Regional, ejercida por Daniel Carrillo. Diversos asambleístas han presentado denuncias tanto ante el Ministerio de Trabajo, por vulneración de derechos laborales y presunto incumplimiento, como ante el Ministerio Público, donde se investigan posibles delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
La carencia de fondos ha paralizado la mayor parte de las actividades de la Asamblea Regional, sumiéndola en una profunda crisis operativa además de la financiera.
La gravedad de la situación quedó documentada en una comunicación interna emitida en abril pasado por el Oficial Mayor Administrativo de la institución. Este documento, titulado Llamado de Urgencia a la Reactivación y Estabilidad Administrativa y Financiera, alertaba sobre la paralización del funcionamiento administrativo en los tres municipios que abarca la región. Según el informe, la crisis financiera se arrastra desde noviembre del año pasado. El Oficial Mayor detalló que, a esa fecha, se adeudaban tres meses de sueldo al personal y dos meses a los asambleístas. Asimismo, advertía sobre el riesgo inminente de corte de servicios básicos como energía eléctrica, agua e internet por falta de pago. La situación afectaba también la atención médica del personal, suspendida desde noviembre del año anterior debido a deudas con la Caja Nacional de Salud, y ha provocado el inicio de procesos coactivos por impagos a la Gestora Pública. La falta de pago de seguros ha dejado inoperativos los vehículos institucionales, que fueron replegados a garajes. Incluso la oficina de Yacuiba corre el riesgo de cierre por alquileres impagos.
El documento cifraba la deuda total del ejecutivo regional con la Asamblea en 2.600.000 bolivianos, correspondientes a transferencias pendientes para su funcionamiento. De este monto, 1.100.000 bolivianos corresponden a Yacuiba, 750.000 a Caraparí y otros 750.000 a Villa Montes.
Con la asunción de la nueva directiva, existe la expectativa de poder superar esta coyuntura crítica y restablecer la normalidad en las operaciones de la Asamblea. Entre las posibles acciones a emprender se evalúa la presentación de recursos legales, como una acción de cumplimiento o una acción popular, con el fin de asegurar la efectiva transferencia de los recursos adeudados
