La prolongada permanencia de ciertos altos funcionarios judiciales más allá de su mandato constitucional, que expiró el 31 de diciembre de 2023, ha reavivado una significativa controversia política. Este delicado asunto resurge mientras la atención del país se concentra en la segunda vuelta de los procesos electorales. En este escenario, la Asamblea Legislativa Plurinacional se enfrenta a la tarea crucial de definir un mecanismo legal para abordar uno de los dilemas judiciales más complejos de los últimos tiempos.
Una voz destacada dentro del ámbito legislativo, la presidenta de la Brigada Parlamentaria Cruceña, ha remitido comunicaciones formales al titular de la Cámara de Diputados. En ellas, subraya la imperiosa necesidad de tratar con urgencia una denuncia presentada por la Fiscalía General del Estado y solicita la activación de los procedimientos para el juicio de responsabilidades. La legisladora enfatizó el deber constitucional de los asambleístas nacionales de cumplir con la ley, afirmando que el pleno legislativo debe pronunciarse y emprender acciones legales contra los mencionados funcionarios judiciales. Adicionalmente, se ha planteado una medida de presión política: la Brigada Cruceña no respaldará la aprobación de proyectos de crédito en la Cámara de Diputados mientras estos funcionarios continúen ejerciendo sus funciones sin legitimidad. La legisladora también instó a aplicar marcos legales específicos, incluyendo una reciente Sentencia Constitucional, que ordenan la convocatoria de nuevas elecciones judiciales en los departamentos donde el proceso quedó inconcluso.
Desde la oposición, si bien existe un amplio consenso sobre la falta de legitimidad de las actuales autoridades judiciales, las opiniones difieren en cuanto a la vía de solución. Una senadora de un importante bloque opositor argumenta que no es apropiado someter a delincuentes comunes a juicios de responsabilidades, sugiriendo en cambio que estos funcionarios deberían ser procesados por la justicia ordinaria. Esta interpretación coincide con la postura de un expresidente de la Corte Suprema, quien ha señalado que los funcionarios cesaron en sus cargos el 31 de diciembre de 2023. Por lo tanto, según su análisis, ya no estarían sujetos a los juicios de responsabilidades bajo leyes específicas, y la Fiscalía General debería iniciar una acción penal pública.
Dentro del oficialismo, las posturas se muestran divididas. Un senador del partido gobernante reconoció que, por ley, los funcionarios ya han cesado en sus funciones, aunque subrayó la necesidad de un pronunciamiento formal por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En contraste, una diputada de la misma bancada considera que las autoridades electas deben ser juzgadas mediante juicios de responsabilidades en el ámbito legislativo. Otra senadora de una facción del partido gobernante insistió en que el tema debe definirse en una sesión plenaria.
Un senador de otra fuerza opositora expresó su preocupación por lo que considera una intención de desestabilizar el proceso electoral a pocos días del balotaje. Recordó que un proyecto de ley que buscaba cesar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral fue retirado ante el malestar general, y alertó sobre una posible estrategia de sucesión constitucional que se apartaría de toda lógica legal.
En medio de este cruce de posiciones, la Asamblea se prepara para una sesión clave. Fuentes legislativas anticipan que el informe de la Comisión de Constitución será remitido en los próximos días, lo que permitirá al pleno tomar una decisión. Recientemente, la Comisión de Constitución de Diputados propuso una nueva alternativa para resolver la crisis judicial: unificar las nuevas elecciones judiciales con las elecciones subnacionales previstas para 2026. Una diputada del partido gobernante afirmó que esta es la única salida para cesar a los funcionarios que extendieron su propio mandato.
La resolución de este complejo conflicto, sin embargo, parece depender más del tiempo político que de consideraciones puramente jurídicas. Con una Asamblea a punto de concluir su gestión y el país inmerso en una campaña electoral, el desenlace definitivo podría materializarse recién bajo la próxima administración
