La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) se encuentra sumida en una profunda crisis financiera que amenaza con paralizar sus operaciones y limitar drásticamente su capacidad legislativa. La institución enfrenta un escenario adverso, caracterizado por la escasez de recursos básicos como tinta para impresoras, combustible para vehículos y el retraso en el pago de servicios esenciales, lo que ha generado una situación operativa precaria.
La entidad arrastra una significativa deuda que se aproxima a los 2.8 millones de bolivianos. De este monto, aproximadamente 500.000 bolivianos corresponden a compromisos pendientes desde la gestión anterior, mientras que los restantes 2.3 millones de bolivianos se han acumulado en el transcurso del presente año. Esta carga financiera se suma a un panorama presupuestario incierto. Aunque se asignaron 17.5 millones de bolivianos para la ALDT en el presupuesto de este año, se ha anticipado que los desembolsos reales podrían ser un 30% menores a lo programado, lo que obligaría a la Asamblea a operar con poco más de 12 millones de bolivianos.
La actual directiva de la ALDT, que asumió el cargo en un contexto de fragilidad económica, ha heredado no solo esta cuantiosa deuda, sino también una serie de pasivos operativos. Entre ellos se incluyen vehículos en mal estado, salarios atrasados y compromisos incumplidos con diversos proveedores. Las obligaciones más apremiantes se relacionan con el pago de sueldos, que a pesar de los esfuerzos realizados, mantienen un mes de retraso, y con las deudas contraídas con empresas de servicios y medios de comunicación.
En respuesta a esta situación crítica, la directiva ha anunciado un plan de reestructuración administrativa y la implementación de una nueva escala salarial con el objetivo de reducir la carga económica. La meta establecida es lograr una disminución de los gastos de al menos un 25%. Sin embargo, la propuesta de ley para la reducción salarial aún no ha sido agendada para su tratamiento en el pleno legislativo, debido a la alternancia de varios asambleístas. Se espera que una reunión de directorio próxima defina la fecha para su discusión.
Desde sectores de la oposición, se han elevado críticas sobre la gestión de la crisis. Representantes legislativos han cuestionado la demora en el tratamiento de la ley de reducción de sueldos y han sugerido una posible manipulación política sobre la Asamblea por parte del ejecutivo departamental, señalando una supuesta afinidad política con la actual directiva. Asimismo, se ha reiterado que la actual administración estaba al tanto de la precariedad financiera, atribuyéndola a una supuesta estrategia de asfixia económica hacia la anterior directiva, que no compartía la misma línea política.
La falta de recursos ha alcanzado niveles críticos, con reportes de asambleístas que deben cubrir de su propio bolsillo gastos esenciales como servicios básicos, tinta para impresoras, combustible, mantenimiento vehicular y material de oficina. Se ha señalado que incluso la disponibilidad de transporte para labores de fiscalización es inexistente, obligando a los legisladores a asumir estos costos. Ante estas afirmaciones, se ha aclarado que la institución no opera con viáticos ni bonos adicionales, desmintiendo ciertas percepciones públicas.
La Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) también ha manifestado su preocupación por la lentitud en la implementación de medidas de ajuste económico por parte de la nueva directiva. La organización ha lamentado que, a un mes de su asunción, aún no se haya priorizado la ley de reducción de escala salarial. Entre las alternativas propuestas para mitigar los gastos, se ha sugerido eliminar la dieta para los asambleístas suplentes, siguiendo el modelo de los concejos municipales, y avanzar en una ley para reducir el número de asambleístas departamentales
