Asambleísta Rosas Cuestiona y Rechaza el Presupuesto Anual Operativo 2026 del Gobierno Departamental

Un miembro de la asamblea departamental ha manifestado su objeción al proyecto de ley del Plan Operativo Anual (POA) 2026 presentado por el gobierno departamental, argumentando una falta de inclusión y un impacto negativo en segmentos de la población considerados vulnerables.

La principal preocupación radica en que la propuesta no ha sido elaborada de manera participativa, excluyendo a diversas organizaciones y sectores de la sociedad civil. En su lugar, se percibe que el documento refleja únicamente la perspectiva del gobernador, lo cual desemboca en decisiones que afectan directamente a los grupos más desprotegidos.

Específicamente, se ha señalado que los adultos mayores y las personas con discapacidad se verán perjudicados. La asignación presupuestaria destinada a la canasta alimentaria para la tercera edad experimentaría una reducción aproximada del 30%, pasando de 42 millones a 29 millones de bolivianos. Esta disminución se traduciría directamente en una menor provisión de alimentos para este sector.

Asimismo, los recursos asignados al ámbito de la salud, incluyendo los ítems de personal dependientes de la gobernación, sufrirían un recorte significativo. El presupuesto bajaría de 38 millones a 27 millones de bolivianos, lo que representa una disminución del 25%. Esta medida implicaría una reducción en la cantidad de personal de salud disponible, menos equipamiento médico y una merma en los fondos destinados a las Redes de Salud, lo que, en última instancia, afectaría la calidad y el alcance de la atención ciudadana.

En contraste con estos recortes en áreas sensibles, se ha observado que la estructura del Ejecutivo, diseñada en épocas de bonanza económica, permanece inalterada. Se ha cuestionado la persistencia de unidades desconcentradas como el Cevita, el Pertt, el Sedag y el proyecto San Jacinto, las cuales, según se argumenta, inflan el presupuesto del Ejecutivo y a menudo duplican funciones. Se ha sugerido la posibilidad de suprimir las subgobernaciones para optimizar recursos.

Finalmente, se ha puesto en tela de juicio la creación de una unidad de género y familia, considerando que el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) ya atiende a la niñez, mujeres, jóvenes y adolescentes. Adicionalmente, se ha expresado desconocimiento sobre las actividades de la secretaría de Obras Públicas, dada la aparente ausencia de proyectos de infraestructura en la región