Tres asambleístas departamentales, representantes de las provincias Arce y O’Connor, han iniciado una huelga de hambre en protesta contra la directiva de la Asamblea, a la que acusan de postergar el tratamiento de un proyecto de ley crucial. La medida de presión busca que se agende la discusión sobre una normativa que garantizaría a cada provincia productora de hidrocarburos el 45% de su producción provincial de gas.
El legislador departamental José Yucra Paredes confirmó la acción, enfatizando que la demanda de las provincias Arce y O’Connor es legítima. Según Yucra, la situación actual es inequitativa, dado que la provincia Gran Chaco se beneficia del 45% del total de la producción departamental, incluyendo recursos que, a su juicio, pertenecen a otras jurisdicciones. Ilustró esta disparidad señalando que, si se descubriera gas en provincias como Avilés o Yunchará, el 45% de esa producción también sería asignado a Gran Chaco, lo cual considera injusto.
Yucra Paredes argumenta que la distribución debe basarse en la producción específica de cada provincia. Si Gran Chaco desea recibir el 45%, debería ser únicamente sobre su propia producción, no sobre la de otras áreas. La huelga de hambre, que actualmente incluye a las legisladoras Laura Corrales y Flavia Aparicio, junto al legislador Tito Gareca, se inició tras el compromiso inicial de la directiva de la Asamblea de tratar el tema esta semana, compromiso que luego fue pospuesto para noviembre. Yucra anticipó que, de no resolverse la situación, él y otros legisladores se sumarán a la medida de presión en los próximos días.
El legislador, quien también forma parte de la directiva de la Asamblea, reveló que en una reunión con una comisión de Gran Chaco, recibieron advertencias de posibles acciones legales, incluyendo encarcelamiento por supuesta falta de competencia, incumplimiento de deberes y usurpación de funciones. Sin embargo, Yucra refutó estas amenazas, afirmando que la Constitución Política del Estado, el Estatuto Autonómico y la Ley Marco de Autonomías otorgan a la Asamblea la potestad de distribuir los recursos. Recordó que la Asamblea departamental ya ha establecido el 45% de competencias para Gran Chaco y ha promulgado otras leyes de distribución, pero el problema radica en que Gran Chaco percibe el 45% del total departamental, no solo de lo que produce en su territorio.
La controversia sobre la distribución del 45% ha resurgido con la reactivación de la explotación del campo Churumas, ubicado en la provincia Arce. De la producción de este campo, Gran Chaco también está percibiendo el 45%, sin que quede una parte proporcional para la provincia Arce, a la que le correspondería el 45% de su propia producción. Yucra calificó esta situación de injusta e insistió en que se defenderá lo que es legítimo para cada provincia
