En medio de un clima de creciente tensión y descoordinación, el proceso legislativo en la Asamblea Legislativa enfrenta serias dificultades para avanzar con la aprobación de leyes clave. El diputado Rafael López, representante del partido Alianza Libre, ha puesto en evidencia una problemática que afecta directamente el funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional. Según López, la ley transitoria que regula el funcionamiento de esta importante instancia judicial está siendo tratada simultáneamente en ambas cámaras del Congreso, es decir, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, sin que exista una coordinación clara entre los respectivos presidentes de cada cámara.
Este hecho no solo genera un retraso innecesario en el trámite legislativo, sino que también refleja una falta de comunicación y organización entre los órganos encargados de legislar. La ausencia de un mecanismo eficiente para definir qué proyectos deben iniciarse en cada cámara complica la agenda parlamentaria y deriva en solapamientos que obstaculizan la aprobación oportuna de normativas fundamentales para el país.
Los reclamos por esta situación no provienen únicamente del diputado López, sino que se extienden a legisladores de diversas bancadas políticas dentro de la Asamblea Legislativa. Estas voces coinciden en denunciar que no existe una coordinación efectiva ni entre las dos cámaras legislativas ni con el Órgano Ejecutivo, lo cual dificulta no solo el tratamiento adecuado de proyectos específicos sino también la planificación general del trabajo parlamentario.
Un punto crítico señalado es la falta de claridad sobre quién tiene la responsabilidad formal para organizar y dirigir el inicio y desarrollo del tratamiento legislativo. En este sentido, López identificó al vicepresidente del Legislativo, Edmand Lara, como la figura encargada supuestamente de asignar los proyectos a una u otra cámara. Sin embargo, parece existir una ausencia o debilidad en el ejercicio efectivo de esta función, lo que contribuye a la dispersión y desorden observados.
Por otro lado, Rolando Pacheco, diputado por Alianza Popular, atribuye este desorden a las tensiones políticas internas entre los principales líderes del Legislativo. Pacheco menciona específicamente las disputas entre el presidente y vicepresidente del Congreso, así como las diferencias dentro del Partido Demócrata Cristiano (PDC), factores que inciden negativamente en el trabajo conjunto tanto en Diputados como en Senadores. Según Pacheco, esta confrontación política impide que se avance con un plan legislativo coherente y estructurado que atienda temas prioritarios como el desarrollo productivo, económico y social.
La consecuencia directa de este escenario es que temas fundamentales para el país quedan relegados o estancados. La falta de planificación y coordinación impide establecer con claridad cuáles son las reformas prioritarias o los créditos necesarios para impulsar proyectos clave. Asimismo, aspectos urgentes como subsanar interinatos o avanzar con reformas profundas no reciben la atención necesaria debido a las disputas internas y a la ausencia de un liderazgo concertado.
En este contexto crítico, los legisladores hacen un llamado explícito al Gobierno para que intervenga y proponga una agenda clara con los temas prioritarios a tratar dentro del Legislativo. La petición incluye definir líneas claras respecto a reformas estructurales, leyes esenciales para el desarrollo económico y social, así como mecanismos para resolver situaciones administrativas pendientes dentro del Parlamento.
Este llamado pone sobre la mesa una necesidad imperante: superar las diferencias políticas internas para garantizar un funcionamiento eficiente del sistema legislativo. La población espera respuestas concretas y soluciones ágiles frente a problemas jurídicos e institucionales como los vinculados al Tribunal Constitucional Plurinacional o las designaciones electorales pendientes. Por lo tanto, lograr una coordinación efectiva entre ambas cámaras y con el Ejecutivo es fundamental para restablecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y asegurar un avance sostenido hacia el desarrollo nacional.
En definitiva, esta crisis interna dentro del Legislativo no solo tiene implicaciones administrativas sino también políticas y sociales. La incapacidad para organizar adecuadamente el tratamiento legislativo puede traducirse en retrasos significativos en políticas públicas esenciales para mejorar aspectos económicos y sociales. Por ello resulta imprescindible que se establezcan mecanismos claros de coordinación entre todas las instancias involucradas con miras a fortalecer la institucionalidad democrática y responder eficazmente a las expectativas ciudadanas
