El funcionario Hidalgo se dirigió a la población con un llamado a la confianza respecto a los surtidores de combustible, enfatizando que estos establecimientos únicamente cumplen el rol de intermediarios en la comercialización del carburante. Según sus declaraciones, los surtidores no tienen capacidad alguna para alterar la calidad del combustible que reciben de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por lo que descartó cualquier posibilidad de adulteración por parte de estos comisionistas.
En el contexto reciente, Hidalgo reconoció la existencia de un problema relacionado con la distribución de gasolina de baja calidad, coloquialmente denominada “gasolina basura”. No obstante, puntualizó que esta situación no debe atribuirse a los surtidores, ya que ellos solo comercializan el producto tal cual se les entrega. La responsabilidad recae directamente sobre YPFB, entidad que estaba al tanto del inconveniente que se avecinaba y que, según Hidalgo, no tomó las medidas necesarias para prevenir o mitigar el impacto negativo sobre el suministro y la calidad del combustible.
Ante este panorama, se ha comenzado a implementar la entrega de gasolina aditivada por parte de YPFB, una medida que busca mejorar las prestaciones del carburante y reducir problemas asociados con su uso. Hidalgo expresó cierto optimismo respecto a esta iniciativa, esperando que el aditivo constituya una solución efectiva para los problemas detectados en el combustible distribuido.
Este llamado a confiar en los surtidores responde a un momento en el que la población ha manifestado inquietudes y desconfianza acerca de la calidad del combustible disponible en el mercado. La aclaración realizada por Hidalgo apunta a despejar dudas sobre la función específica de los puntos de venta y a resaltar la responsabilidad central de YPFB en garantizar un producto adecuado. La implementación del aditivo puede representar un paso relevante para recuperar la confianza ciudadana y asegurar una mejor experiencia para los usuarios finales del combustible.
En definitiva, este escenario pone en evidencia las tensiones existentes entre las entidades encargadas de suministrar y comercializar combustibles y la percepción pública sobre su desempeño. La gestión adecuada del problema será clave para evitar mayores repercusiones en sectores económicos y sociales que dependen directamente de un abastecimiento confiable y seguro
