La Asociación Departamental de Surtidores Comercializadores Privados de Hidrocarburos y Derivados (Asosur) La Paz ha expresado un firme rechazo a las acciones emprendidas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en relación con el precintado de una estación de servicio, medida que consideran “ilegal y arbitraria”. Esta decisión se tomó tras una denuncia sobre una supuesta irregularidad en la calidad de la gasolina distribuida por dicha estación, un hecho que ha generado tensión en el sector de comercialización de combustibles.
En un comunicado oficial, Asosur La Paz denunció que esta intervención vulnera los derechos fundamentales de las estaciones de servicio, así como la seguridad jurídica que debe regir en la actividad comercial relacionada con hidrocarburos. Según explican, la medida adoptada por la ANH se basa en un supuesto problema detectado en la calidad del combustible suministrado el 4 de febrero, pero esta acción se ejecutó dos semanas después, lo que genera dudas sobre el cumplimiento del debido proceso y las normativas vigentes. El reglamento de calidad de carburantes establece protocolos claros para estos casos, los cuales no habrían sido respetados en esta ocasión.
Uno de los puntos centrales planteados por Asosur es que las estaciones no son las responsables directas del origen ni del transporte del combustible. Este producto es distribuido exclusivamente por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), entidad estatal encargada del suministro y control. Además, el proceso está supervisado mediante sistemas tecnológicos avanzados: tanto YPFB como la ANH cuentan con monitoreo GPS para rastrear en tiempo real el traslado del combustible desde la planta hasta las estaciones. Esto añade una capa adicional de garantía sobre la integridad del producto durante su transporte.
Las estaciones también están equipadas con cámaras de videovigilancia que registran todo el proceso de descarga del combustible en sus tanques. Este mecanismo busca asegurar que no haya manipulación ni alteración alguna que pueda afectar la calidad final del carburante entregado al consumidor. Por ello, Asosur considera injusto atribuirles responsabilidad directa sobre cualquier irregularidad detectada cuando cuentan con estos controles rigurosos y transparentes.
Frente a esta situación, Asosur La Paz ha declarado que no retirarán el combustible proveniente de la Planta Senkata hasta recibir garantías claras tanto de la ANH como de YPFB sobre el cumplimiento estricto de los estándares establecidos en la normativa vigente. Esta postura responde a su exigencia para que cualquier procedimiento relacionado con control o sanción respete el debido proceso legal y se base únicamente en pruebas objetivas. La asociación advierte que las prácticas arbitrarias están afectando gravemente las operaciones diarias de las estaciones y exigen la restitución inmediata del procedimiento correcto para evitar perjuicios mayores.
Este conflicto se da en un contexto donde recientemente se han multiplicado las denuncias relacionadas con problemas en la calidad del combustible, afectando a más de 2.000 vehículos según reportes realizados por conductores afectados. Ante estas denuncias, YPFB y ANH han intensificado sus controles para garantizar que el combustible importado cumpla con los estándares internacionales requeridos. Sin embargo, esta situación ha generado un clima complejo entre los actores involucrados, quienes buscan equilibrar una respuesta efectiva ante posibles irregularidades sin perjudicar injustamente a quienes operan dentro del marco legal.
La polémica suscitada pone en evidencia los desafíos presentes en el sector hidrocarburífero respecto a garantizar calidad y transparencia a lo largo de toda la cadena productiva y comercial. Asegurar procedimientos claros y respetuosos tanto para productores como para comercializadores resulta fundamental para evitar conflictos institucionales y proteger los derechos tanto de operadores como consumidores finales. En este sentido, es crucial que los organismos reguladores actúen bajo estrictos parámetros legales y técnicos para mantener confianza y estabilidad en un mercado vital para el desarrollo económico y social
