La Asociación Departamental de Surtidores Comercializadores Privados de Hidrocarburos y Derivados (Asosur) de La Paz ha emitido un contundente rechazo ante el precintado de una estación de servicio, medida que atribuyen a una supuesta irregularidad en la calidad del combustible suministrado. En su pronunciamiento oficial difundido recientemente, Asosur denuncia que esta acción fue realizada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) sin respetar el debido proceso ni las normativas establecidas en el Reglamento de Calidad de Carburantes, lo que según la asociación representa una actuación ilegal y arbitraria que pone en riesgo la seguridad jurídica del sector hidrocarburífero.
El caso específico que desencadenó esta medida está relacionado con un incidente ocurrido el 4 de febrero. Sin embargo, la decisión de precintar la estación se tomó dos semanas después, generando cuestionamientos sobre la oportunidad y legitimidad del procedimiento. Asosur sostiene que durante todo el proceso de entrega y transporte del combustible se mantiene un monitoreo riguroso, tanto a través de dispositivos GPS como mediante cámaras de videovigilancia instaladas para supervisar la descarga en los tanques de almacenamiento. Este sistema integral permite un seguimiento en tiempo real que puede ser verificado por la ANH, lo cual refuerza su argumento sobre la calidad garantizada del producto y la transparencia en las operaciones.
En este contexto, la asociación subraya que todas las estaciones comercializadoras bajo su representación distribuyen exclusivamente combustible suministrado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), empresa estatal encargada de proveer productos con certificaciones técnicas válidas. Por ello, Asosur ha decidido no retirar más combustibles provenientes de la Planta Senkata hasta que tanto la ANH como YPFB aseguren el cumplimiento estricto de los estándares establecidos en las normativas vigentes. Esta postura busca garantizar no solo la calidad del carburante sino también el respeto a los procedimientos legales y regulatorios que rigen al sector.
Por otro lado, hasta el momento las autoridades de la Agencia Nacional de Hidrocarburos no han emitido declaraciones oficiales respecto a esta controversia, aunque se espera un pronunciamiento en las próximas horas dada la relevancia del asunto para todos los actores involucrados. Este silencio ha generado inquietud entre los operadores privados y consumidores, quienes demandan claridad sobre las medidas adoptadas y sus fundamentos técnicos. La situación se desarrolla en un momento crítico donde el Gobierno nacional insiste en que todo el combustible distribuido cuenta con las certificaciones técnicas correspondientes, lo cual choca con las acusaciones planteadas desde Asosur.
La disputa pone sobre la mesa cuestiones fundamentales acerca del control y fiscalización en el sector hidrocarburífero, así como sobre el equilibrio entre regulación estatal y garantías jurídicas para los privados. La Asociación Departamental enfatiza que cualquier intervención o sanción debe estar basada en pruebas objetivas y ajustarse rigurosamente al marco normativo vigente para evitar arbitrariedades que puedan afectar a los surtidores y a los consumidores finales. De este modo, reclama una aplicación transparente y justa de las disposiciones legales para preservar la confianza en todo el sistema de distribución y comercialización de combustibles.
En suma, este conflicto evidencia tensiones latentes entre organismos reguladores y operadores privados respecto a los mecanismos utilizados para asegurar la calidad del combustible, así como sobre los procedimientos administrativos empleados para sancionar presuntas irregularidades. La postura firme asumida por Asosur refleja una demanda urgente por mayor seguridad jurídica y respeto al debido proceso dentro del sector energético nacional, aspectos cruciales para mantener un abastecimiento confiable y eficiente que impacta directamente en diversas actividades económicas y cotidianas de la población. El desarrollo próximo del caso será determinante para definir cómo se manejarán estas discrepancias institucionales y cuál será el rumbo futuro en materia regulatoria dentro del mercado hidrocarburífero local
