La nación enfrenta una coyuntura energética crítica, caracterizada por un marcado descenso en la producción de gas natural, la disminución de sus reservas y la contracción de mercados de exportación clave. Este panorama complejo, agravado por un programa de subsidios a los combustibles de magnitud considerable y fiscalmente insostenible, ha impulsado a los aspirantes a la presidencia a articular estrategias urgentes y viables para el futuro energético del país. Aunque el debate público ha tendido a enfocarse en otras prioridades, los programas de gobierno de estas figuras políticas revelan enfoques diversos para abordar uno de los desafíos estructurales más apremiantes de la nación.
Una ilustración contundente de esta situación es la drástica reducción en la producción de gas natural. Desde un volumen de 59.37 millones de metros cúbicos por día (MMmcd) registrado en 2014, la extracción se contrajo un 54%, alcanzando apenas 27.37 MMmcd para mayo de 2025. A pesar de esta merma general, la distribución geográfica de la producción mantiene a Tarija como el principal contribuyente con el 43% del total, seguida por Santa Cruz con el 39%, Chuquisaca con el 16% y Cochabamba con el 2%.
Samuel Doria Medina, en representación de Alianza Unidad, propone una reestructuración profunda de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), abogando por una intervención para depurar personal no calificado y optimizar su eficiencia operativa. Su plan contempla la desregulación del mercado de combustibles, permitiendo la importación privada para sectores productivos, y la modernización de las refinerías existentes. Doria Medina también impulsa la intensificación de la exploración en alianza con el sector privado y la implementación de incentivos para pequeñas refinerías. Adicionalmente, plantea focalizar el subsidio a los sectores más vulnerables y reformar la Ley de Hidrocarburos para adaptarla a un entorno de mayor competitividad. Un aspecto distintivo de su propuesta es la creación de un fideicomiso de regalías, gestionado por entidades regionales autónomas, lo que implicaría una descentralización en la administración de estos recursos.
Desde la alianza Libertad y Democracia, Jorge Tuto Quiroga reconoce el deterioro del sector y sugiere medidas inmediatas, como el pago de precios más competitivos a los productores para rentabilizar las reservas actuales y revitalizar la extracción. Quiroga propone la liberalización total de la importación de combustibles y la orientación del subsidio, con énfasis en el transporte público. Su agenda incluye una modificación de la Ley de Hidrocarburos para eliminar costos recuperables, simplificar los contratos e incentivar la exploración. Asimismo, promueve una política decidida en favor de los biocombustibles y el uso estratégico del gasoducto hacia Brasil. Un pilar fundamental de su visión es la transición hacia energías renovables, con la meta de que al menos la mitad de la generación eléctrica provenga de fuentes limpias.
Andrónico Rodríguez, candidato de Alianza Popular, diagnostica el agotamiento del modelo extractivista. Su iniciativa central es un Plan Nacional de Transición Energética para el periodo 2025-2050, que contempla la sustitución gradual de hidrocarburos, el fomento del ahorro energético y la industrialización verde. Rodríguez apuesta por una revolución del litio, centrada en la producción de baterías y componentes con valor añadido en el país, y propone una alianza regional del litio con países del G77. Su estrategia también abarca la industrialización de biocombustibles y la sustitución del diésel importado. En cuanto al financiamiento, plantea un Fondo de Transición Energética, nutrido por la reducción de subsidios y la cooperación internacional.
Manfred Reyes Villa, de APB-Súmate, busca reposicionar a YPFB como operador y socio estratégico del capital privado. Su programa detalla 56 proyectos exploratorios con una inversión proyectada superior a los 1.400 millones de dólares, y una revisión de la Ley de Hidrocarburos, considerando el gas como energético de transición hasta 2050. También propone la fusión de YPFB y ENDE en una única empresa energética estatal, denominada Bolivia Energía, para fortalecer su capacidad de negociación internacional. Finalmente, Reyes Villa aspira a revalorizar la cadena productiva, optimizar los recursos y desarrollar proyectos de valor agregado orientados a la exportación.
El candidato del PDC, Rodrigo Paz Pereira, plantea la aplicación de incentivos fiscales y legales para atraer inversiones en exploración, el desarrollo de nuevos yacimientos y la promoción de energías renovables. Asimismo, propone una reestructuración de las empresas públicas del sector energético y un plan técnico para reducir los subsidios sin generar un impacto adverso en los sectores más vulnerables. Paz Pereira enfatiza la necesidad de modernizar el marco jurídico del sector para adaptarse a los desafíos energéticos emergentes.
Eva Copa, candidata de Morena, aboga por una transformación del modelo energético hacia una matriz limpia, descentralizada y con participación comunitaria. Sugiere la creación de un Fondo Nacional de Transición Energética, financiado con los recursos liberados por la reducción de subsidios, y la implementación de incentivos para la conversión de vehículos a gas o electricidad. Su propuesta destaca por incorporar la justicia social en la transición energética, asegurando que ningún sector vulnerable sea desatendido. Copa también impulsa el desarrollo local de tecnología limpia y la eficiencia energética en el transporte y la industria.
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