Una comitiva de representantes de la Gobernación de Santa Cruz se vio imposibilitada de realizar una inspección en el Curichi Las Garzas debido a la negativa de los comunarios de la zona. Los avasalladores transmitieron amenazas a los choferes que trasladaban a la comitiva, impidiendo así su acceso. A pesar de esto, los miembros de la comisión pudieron corroborar que la reserva municipal había sido ‘tractoreada’ y sembrada. Para evitar cualquier daño, la delegación decidió finalmente volver. Las imágenes satelitales evidencian la devastación que la actividad humana ha provocado en la reserva, afectando un total de 300 hectáreas.
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