La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, se vio en la necesidad de ofrecer una disculpa pública tras la controversia desatada por sus declaraciones sobre el proceso de redistribución de recursos conocido como “50/50”. Este mecanismo, que busca equilibrar la asignación financiera entre el gobierno central y las regiones, ha sido un tema sensible y de gran importancia para diversas autoridades y actores políticos, especialmente en departamentos con fuerte tradición autonómica.
En una entrevista reciente con EL DEBER, Barrientos explicó que la interpretación común del “50/50” como una entrega directa y unilateral del 50% de los recursos a las regiones no es correcta. En sus palabras, enfatizó que este proceso debe estar acompañado por un ejercicio de corresponsabilidad entre las instancias nacionales y regionales. Sin embargo, esta explicación fue recibida con críticas inmediatas por parte de figuras políticas locales que consideran que su expresión refleja una visión centralista y burocrática que contraviene el espíritu de autonomía territorial.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue uno de los primeros en manifestar su desacuerdo con las palabras de Barrientos. Para él, el tono y contenido utilizado evocan prácticas centralistas del pasado que deben superarse si realmente se quiere avanzar hacia un nuevo ciclo político. Camacho destacó que el “50/50” no es un tema negociable ni sujeto a interpretaciones subjetivas, sino una demanda histórica del departamento cruceño respaldada también por compromisos asumidos por el actual gobierno durante su campaña electoral. Enfatizó además que el cumplimiento cabal del pacto fiscal es esencial para fortalecer las autonomías regionales sin excusas ni reinterpretaciones.
En paralelo, Juan Pablo Velasco, candidato a la Gobernación de Santa Cruz, también manifestó su rechazo hacia la declaración de la viceministra. Velasco cuestionó la idea de que el gobierno central pueda decidir cómo deben manejarse los recursos asignados a las regiones, enfatizando que esto contraviene los principios básicos de autonomía. Además, sugirió que la administración presidencial podría estar mal asesorada en estos temas delicados.
Ante esta ola de críticas y cuestionamientos públicos, Andrea Barrientos reconoció haber cometido un error comunicacional. Expresó su pesar por haber generado malestar en sectores comprometidos con el fortalecimiento autonómico y reiteró su compromiso con un proceso real y efectivo del “50/50”. La autoridad aseguró que esta iniciativa debe combinar tanto una asignación adecuada de recursos como una corresponsabilidad fiscal y legal entre el Estado central y las regiones.
Barrientos subrayó su convicción sobre la importancia del desarrollo regional dentro del marco autonómico y señaló que se está trabajando activamente en abrir espacios de diálogo para avanzar en un pacto fiscal justo. Además, enfatizó que la autonomía debe entenderse como un ejercicio horizontal entre niveles de gobierno, descartando cualquier forma vertical o impositiva desde el poder central.
Las críticas no se limitaron a funcionarios electos; Branko Marinkovic, otro candidato a gobernador por Santa Cruz, también utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo a las declaraciones y al funcionamiento mismo del Viceministerio de Autonomías. Marinkovic sostuvo que este organismo representa una contradicción dentro del Estado autonómico al pretender controlar desde La Paz cómo se ejerce la autonomía regional. Según él, esta dependencia estatal genera duplicidad administrativa e impide decisiones locales ágiles e independientes.
Para Marinkovic, la verdadera autonomía implica gestión directa en territorio con recursos disponibles para autoridades locales quienes deben definir sus prioridades sin interferencias centrales. Propuso además reducir cargos políticos y burocráticos para fortalecer el poder regional y permitir mayor libertad para decidir sobre el futuro propio.
La controversia derivada de estas declaraciones pone en evidencia las tensiones existentes en torno al proceso de descentralización fiscal y política en Bolivia. El debate sobre cómo implementar efectivamente mecanismos como el “50/50” refleja preocupaciones legítimas sobre mantener un equilibrio entre control centralizado y autonomía real para los departamentos y municipios. Las reacciones políticas demuestran además que este tema continúa siendo clave para actores regionales que buscan consolidar espacios propios dentro del marco estatal sin perder poder decisorio ni recursos fundamentales.
En definitiva, este episodio muestra la complejidad inherente al diseño e implementación del sistema autonómico boliviano. La necesidad de claridad comunicacional por parte de autoridades nacionales resulta fundamental para evitar malentendidos o percepciones negativas que pueden retrasar avances institucionales importantes. Asimismo, pone sobre la mesa la urgencia en definir acuerdos claros sobre distribución financiera y responsabilidades mutuas entre niveles territoriales para garantizar un desarrollo equitativo e inclusivo.
La disculpa pública ofrecida por Andrea Barrientos marca un paso hacia el reconocimiento del valor político y social del reclamo regional sobre el “50/50”, pero también abre espacio para continuar construyendo consensos mediante diálogo abierto donde se respeten tanto los derechos autonómicos como los objetivos fiscales nacionales. Este escenario reafirma la prioridad estratégica que tiene para Bolivia consolidar mecanismos efectivos que permitan materializar plenamente su modelo descentralizado sin caer en prácticas centralistas o burocráticas obsoletas
