La región de Beni se encuentra inmersa este jueves en un paro cívico de 24 horas, una medida impulsada por el comité cívico local. La acción busca una solución urgente a la grave crisis que afecta al sistema de salud departamental, provocada por la escasez de recursos financieros.

Las primeras evaluaciones del impacto de la movilización indican una adhesión significativa, reflejando un fuerte respaldo ciudadano al sector sanitario. En la capital, Trinidad, diversas zonas presentan calles desiertas, con puntos de bloqueo estratégicamente instalados utilizando motocicletas, cuerdas, sillas y banderas, lo que ha paralizado el tránsito.

Representantes del movimiento cívico han expresado su satisfacción por la conciencia demostrada por la población, subrayando que la salud es una prioridad que trasciende cualquier afiliación política. Se destacó el esfuerzo coordinado de las provincias, que mantuvieron reuniones hasta la noche anterior para asegurar la contundencia de la paralización en todo el departamento.

Antes de recurrir a esta medida de presión, los líderes locales afirman haber agotado todas las vías de diálogo y negociación. Se realizaron marchas y vigilias, pero ninguna de estas acciones previas obtuvo una respuesta favorable por parte de las autoridades.

Existe una percepción generalizada de que el gobierno central ha mostrado una falta de voluntad para atender las demandas de Beni, a pesar de la insistencia hasta el día previo al paro. Se criticó la postura de la administración central, que, según los promotores de la protesta, está asfixiando al departamento en materia de salud mediante recortes presupuestarios. La situación es crítica: hay una severa carencia de insumos y medicamentos en los centros de salud, y el personal médico no ha recibido sus salarios.

La situación en los hospitales, marcada por la ausencia de fármacos esenciales, ha sido calificada como profundamente lamentable. La magnitud de la crisis sanitaria en Beni es tal que, para muchos, resulta difícil encontrar palabras que describan adecuadamente la realidad.

A pesar de la adversidad que enfrenta el departamento, se mantiene una firme determinación de continuar con las exigencias. Los representantes locales manifestaron su desconcierto ante la actitud del gobierno, al que acusan de haber conducido a la región a una situación desastrosa. Insisten en que sus demandas se basan en derechos legales y anunciaron que emprenderán todas las acciones necesarias para garantizar un trato equitativo, reafirmando su condición de ciudadanos bolivianos.

En un desarrollo relacionado, el Gobierno Autónomo Departamental del Beni comunicó el miércoles su decisión de posponer el pago de salarios de todo su aparato institucional. Esta medida se adoptó para priorizar la remuneración del personal de salud, atribuyendo la falta de fondos al incumplimiento de transferencias oportunas por parte del nivel central.

En respuesta, el Ministerio de Economía señaló este jueves que existen inconsistencias en el registro de transferencias por parte de la Gobernación de Beni, con observaciones que se extienden hasta junio de 2025. El ministerio detalló que, a esa fecha, el Gobierno Departamental había ejecutado solo el 31.9% de su Plan Operativo Anual, a pesar de haber recibido un incremento en los recursos a través de transferencias automáticas a sus cuentas

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