El departamento de Beni experimentó una jornada de inactividad generalizada en respuesta a un llamado cívico, impulsado por la grave situación del sistema de salud local. Si bien la movilización no satisfizo plenamente las exigencias del sector sanitario, facilitó un acercamiento con representantes gubernamentales, quienes se comprometieron a acelerar la liberación de un fondo de 1.8 millones de bolivianos destinado a la adquisición de fármacos esenciales.
La capital, Trinidad, amaneció con un panorama de calles desiertas, establecimientos comerciales sin actividad y la interrupción del tráfico en sus arterias principales. La adhesión a la protesta se extendió a la suspensión de servicios en entidades tanto públicas como privadas, evidenciando el profundo descontento ciudadano por las reducciones presupuestarias aplicadas al Sistema Único de Salud (SUS), las cuales han impactado severamente a los dos únicos hospitales de tercer nivel de la región.
La precariedad financiera es palpable en los centros hospitalarios. El Hospital Materno Infantil, por ejemplo, ha recibido apenas un millón de bolivianos de los 3.8 millones previstos para el primer cuatrimestre, mientras que el Hospital Germán Busch solo ha dispuesto de cuatro millones de los seis millones asignados. Esta disparidad ha resultado en una escasez crítica de medicamentos, insumos básicos y reactivos, sumado a carencias significativas en equipamiento e infraestructura.
El titular del Servicio Departamental de Salud (Sedes) indicó que la jornada de protesta facilitó la apertura de un espacio de diálogo con funcionarios del Ministerio de Salud. Se estableció que delegados del SUS solicitaron una mesa de trabajo para concertar respuestas, lo que culminó en una propuesta inicial para destinar 1.8 millones de bolivianos a la adquisición urgente de fármacos. Se aclaró que esta asignación representa una solución parcial y no cubre la totalidad de las necesidades ni lo previamente programado, aunque se anticipan gestiones administrativas adicionales. Una delegación se trasladará a la sede de gobierno la próxima semana para reunirse con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con la expectativa de que los fondos estén disponibles en las cuentas de la Gobernación a mediados de la semana entrante. El Hospital Materno Infantil recibirá prioridad en la distribución de estos recursos, ya que su presupuesto asignado es inferior al 70% de lo requerido, una situación que, según las autoridades sanitarias locales, es insostenible y no se alinea con la planificación original, por lo que la demanda de mayor atención persiste.
Un portavoz del movimiento cívico evaluó la jornada como un éxito rotundo, destacando la masiva participación ciudadana. Se resaltó la toma de conciencia colectiva sobre la importancia de la salud, trascendiendo cualquier afiliación política, y se extendió un reconocimiento a las provincias que se sumaron a la iniciativa, subrayando la unidad de la región en esta manifestación. Se afirmó que la decisión de convocar a esta medida de presión se tomó solo después de haber explorado y agotado todas las vías de diálogo y protesta previas, incluyendo movilizaciones y vigilias, sin haber obtenido resultados satisfactorios.
Por su parte, la cartera de Economía y Finanzas Públicas ha manifestado que la Gobernación de Beni no estaría manteniendo un registro actualizado y preciso de las transferencias recibidas del Tesoro General de la Nación. Esta situación, según la entidad, da lugar a inconsistencias entre los datos registrados en el Sistema de Gestión Pública (Sigep) y los montos que el gobierno central ha desembolsado. La misma fuente gubernamental señala que, hasta junio de 2024, la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) por parte de la Gobernación de Beni apenas alcanzaba el 31.9%, a pesar de haber recibido un incremento en las transferencias automáticas. Asimismo, se ha observado una disminución constante en los ingresos propios de la región y en otras partidas presupuestarias. A modo de ejemplo, se menciona que en 2019 la Gobernación beniana percibió 114 millones de bolivianos en regalías mineras, cifra que se redujo drásticamente a 26 millones de bolivianos en 2024
