En medio de la expectativa generada por la próxima reactivación del transporte ferroviario de pasajeros en Santa Cruz, un sector importante de la población ha decidido manifestar su descontento y exigir mejoras específicas en el servicio. Comunarios del Bloque Chiquitano han iniciado bloqueos en varios puntos estratégicos de la red férrea del oriente, una medida que refleja la preocupación y demanda de quienes consideran que la reapertura del ferrocarril debe contemplar opciones más accesibles y adaptadas a las necesidades de las comunidades locales.
Esta movilización surge pocos días antes de que el transporte ferroviario vuelva a operar, programado para el 27 de febrero, tras un paréntesis de seis años durante los cuales el servicio estuvo suspendido. La reactivación se dio luego de una reunión entre el Comité pro Santa Cruz y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, donde se acordó relanzar la ruta del ferrobús que conectará la capital cruceña con Puerto Quijarro, atravesando diversas poblaciones intermedias de la red oriental. Esta iniciativa pretende restablecer un medio de transporte que fue vital para la región y que ahora busca consolidarse como una alternativa eficiente y moderna.
Sin embargo, para los comunarios movilizados, esta reapertura no satisface completamente las demandas sociales ni económicas que tenía el antiguo sistema ferroviario. Según Evert Santibañez, vocero del Bloque Chiquitano, antes de la suspensión definitiva existía un tren rápido o mixto que circulaba más de tres veces por semana y resultaba accesible para las economías locales. Este tren social permitía a las comunidades contar con un transporte asequible y regular, una característica fundamental para quienes dependen de este medio para trasladarse o mover sus productos.
La preocupación radica en que el nuevo sistema, al ser considerado “de lujo” por los manifestantes, podría dejar fuera a amplios sectores sociales que no cuentan con los recursos suficientes para costearlo. Por ello, insisten en la necesidad de habilitar un tren social que sea económico y funcional para las poblaciones rurales y periurbanas que históricamente han utilizado este medio como parte integral de su vida cotidiana. Este reclamo pone en evidencia una tensión entre modernización e inclusión social en el diseño e implementación del proyecto ferroviario actual.
Las implicaciones de esta demanda son significativas para la región oriental del país. La reactivación del ferrocarril no solo representa una mejora en infraestructura y conectividad sino también una oportunidad para estimular el desarrollo económico local mediante la integración territorial. Sin embargo, si no se garantiza un acceso equitativo al servicio, existe el riesgo de profundizar desigualdades y excluir a quienes más necesitan esta forma económica y eficiente de transporte.
En este contexto, las protestas del Bloque Chiquitano adquieren relevancia como expresión legítima de sectores sociales que buscan ser escuchados y tomados en cuenta en las decisiones gubernamentales relacionadas con políticas públicas e inversión en infraestructura. La respuesta oficial a estos bloqueos será determinante para definir si se logra un equilibrio entre modernización tecnológica y justicia social en el ámbito del transporte ferroviario regional.
Así, mientras se acerca la fecha oficial para la puesta en marcha del ferrobús entre Santa Cruz y Puerto Quijarro, la presión social continúa creciendo alrededor de una cuestión fundamental: cómo garantizar que este servicio sea verdaderamente accesible y beneficioso para toda la población involucrada. El desarrollo futuro del transporte ferroviario deberá enfrentar este desafío para consolidarse como una herramienta efectiva al servicio del bienestar colectivo en la región oriental del país
