Desde el lunes, diversas organizaciones sociales y grupos afines a una línea política específica comenzaron una serie de movilizaciones y bloqueos viales en al menos tres departamentos del país. Las protestas responden a preocupaciones por la disponibilidad de combustibles y divisas extranjeras, así como por el aumento sostenido en el costo de los productos básicos.
En el departamento de Cochabamba, se identificaron al menos nueve puntos de interrupción vial impulsados por sectores vinculados a Evo Morales. Paralelamente, una organización que se autodenomina Estado Mayor del Pueblo, identificada con la misma corriente, emitió una directiva para que, a partir del miércoles 4 de junio, se paralice el tránsito en todas las carreteras nacionales. El objetivo declarado de esta medida es forzar la dimisión del presidente Luis Arce. Esta determinación fue adoptada durante una reunión de emergencia celebrada el mismo lunes. El llamado insta a la participación de diversos segmentos de la sociedad en una movilización indefinida en las rutas, describiéndola como una acción de protesta radical bajo la modalidad conocida como Plan Hormiga. Se argumenta que esta estrategia constituye la vía indispensable para salvaguardar la economía de la población boliviana.
Por otro lado, el gremio del transporte había anticipado su propia convocatoria a bloqueos a partir del martes. No obstante, líderes de este sector en las principales ciudades del país manifestaron su decisión de no adherirse a dicha medida de fuerza.
La interrupción del tránsito vehicular ha tenido un impacto directo en el transporte interdepartamental. Las principales estaciones de autobuses en La Paz y El Alto anunciaron la suspensión de los viajes con destino a Cochabamba, Santa Cruz y Sucre. Esta medida se debe a la presencia de bloqueos en puntos estratégicos como Tarata, Challa Grande, Sayari y Ventilla.
Desde el ámbito gubernamental, el Ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó la
