Una reciente iniciativa legislativa, aprobada en la Cámara de Diputados, ha generado considerable inquietud en el sector vitivinícola, especialmente en la región de Tarija. El proyecto de ley, identificado como PL-528/2024-2025, tiene como objetivo establecer el Fondo Productivo Lácteo “Leche para Crecer”, destinado a fortalecer la producción lechera en el país. Sin embargo, su mecanismo de financiación ha provocado una fuerte reacción: propone un nuevo gravamen sobre la comercialización e importación de bebidas alcohólicas.
Este gravamen, denominado “Retención por Comercialización e Importación de Bebidas Alcohólicas” (RCIBA), impondría un costo adicional de 0,40 bolivianos por litro a vinos y singanis, y de 1,30 bolivianos por litro a otras bebidas espirituosas. La medida ha sido percibida como una amenaza directa a la sostenibilidad del sector vitivinícola, un pilar económico y cultural fundamental para Tarija, que ya enfrenta desafíos significativos. Representantes de la industria han expresado que esta carga adicional podría agravar la situación de los pequeños productores.
Ante este panorama, voceros de la Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas (ANIV), la Asociación Nacional de Productores Vitivinícolas (Anavit) y la Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT) mantuvieron una reunión crucial con el presidente de la Cámara de Senadores. Durante el encuentro, el líder del Senado se comprometió a evaluar la propuesta legislativa con detenimiento antes de su tratamiento, abriendo la posibilidad de detener su avance.
El presidente del Senado reconoció la preocupación del sector vitivinícola, señalando que, si bien la ley busca beneficiar a un rubro productivo, podría impactar negativamente a otro de igual relevancia. Aseguró que la Cámara Alta actuará con responsabilidad, analizando los mecanismos para revisar la normativa y proteger la industria nacional. Indicó que el proyecto acaba de ingresar oficialmente al Senado y no existe una premura para su consideración. Además, mencionó la posibilidad de remitirlo a una comisión para un análisis de constitucionalidad y viabilidad económica, lo que podría derivar en modificaciones o incluso en el archivo definitivo de la propuesta.
Desde la Federación de Empresarios Privados de Tarija, se valoró el compromiso del presidente del Senado, aunque se enfatizó que el sector se mantiene en estado de alerta. Se argumentó que la normativa es discriminatoria y transgrede principios de equidad tributaria, al imponer un impuesto a una industria regional para financiar una actividad ajena a su cadena productiva. Se subrayó la determinación de proteger un sector que es motivo de orgullo nacional, contribuye significativamente al desarrollo económico y social, y es un motor para la región.
Por su parte, la gerencia de ANIV reiteró que las asociaciones vitivinícolas continúan en vigilia. Si bien el compromiso de paralización es un avance importante, la inquietud persiste debido a la percepción de presión desde el Órgano Ejecutivo para que la ley progrese. Se ha confirmado la búsqueda de apoyo de otros senadores para frenar la iniciativa, con la expectativa de que el proyecto sea suspendido y quede sin efecto. Aunque no se han establecido plazos específicos, se confía en que el compromiso del presidente del Senado conduzca al rechazo de esta propuesta, considerada perjudicial para la vitivinicultura y otros sectores productivos. Se destacó que la vitivinicultura no solo genera empleo y riqueza en Tarija, sino que también proyecta la imagen del país a nivel internacional, y gravarla injustificadamente atentaría contra el desarrollo regional.
La controversia generada por esta ley pone de manifiesto un conflicto entre sectores productivos. Mientras el sector lácteo se beneficiaría de un nuevo fondo de financiamiento, este se construiría a expensas de gravar específicamente a las industrias de bebidas alcohólicas, con un impacto socioeconómico potencialmente severo.
El sector vitivinícola y del singani, concentrado mayormente en Tarija, se perfila como el más afectado. El gravamen de 0,40 bolivianos por litro de vino y 1,30 bolivianos por litro de singani impactaría directamente en productos con denominación de origen, encareciendo su producción, reduciendo su competitividad frente a importaciones y comprimiendo los márgenes de ganancia de pequeños y medianos productores, quienes difícilmente podrían trasladar todo el costo al consumidor.
La medida impositiva también se extiende a las cervecerías nacionales, tanto artesanales como industriales, que enfrentarían un pago de 0,40 bolivianos por litro, incrementando su carga tributaria. Asimismo, productores e importadores de whisky, ron, vodka y otras bebidas espirituosas absorberían la cuota más alta de 1,30 bolivianos por litro, afectando particularmente la competitividad de los licores importados en el mercado nacional. En última instancia, se anticipa que el impacto recaerá en los consumidores y en la economía regional de Tarija, con un incremento en los precios de cervezas, vinos, singanis y licores, a medida que las empresas trasladen parte del impuesto al precio final. Ambos gremios, ANIV y FEPT, han manifestado que mantendrán su estado de alerta a pesar del compromiso obtenido
