La nación boliviana enfrenta un periodo de profunda complejidad en sus esferas energética y fiscal. La producción de gas natural ha experimentado un marcado descenso, alcanzando en septiembre de este año los 26,3 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd). De este volumen, una porción significativa de 14,56 MMmcd se dirige al consumo doméstico, superando así los 11,83 MMmcd que se destinan a la exportación, principalmente hacia Brasil. Esta dinámica subraya una creciente demanda interna que sobrepasa los volúmenes disponibles para el comercio exterior, pilar fundamental de las divisas nacionales.
El contraste con el panorama de hace una década es notable. En 2014, el país registraba una producción cercana a los 60 MMmcd, lo que representa un 56% más que los niveles actuales. En aquel entonces, Bolivia se erigía como el principal exportador de gas en el Cono Sur, abasteciendo mercados como Argentina y Brasil, a este último llegando a enviar hasta 33 MMmcd. Hoy, la trayectoria es claramente descendente, y los ingresos derivados de los hidrocarburos han disminuido drásticamente. A pesar de las afirmaciones sobre el descubrimiento de nuevos pozos exitosos, los datos de producción no reflejan una recuperación, consolidando la caída del gas como un factor estructural que ha mermado significativamente las reservas internacionales y el flujo de dólares en la economía.
La escasez de divisas en el país ha transitado de ser una manifestación coyuntural a un problema de índole estructural, atribuible a una serie de decisiones políticas, económicas y de gestión que han debilitado la base económica nacional. El modelo económico predominante se percibe como obsoleto, habiendo dependido durante años de la venta de gas, un elevado gasto público y subsidios. Este esquema funcionó mientras el gas generaba miles de millones de dólares, pero la falta de diversificación económica y la insuficiente protección de las reservas internacionales dejaron al país vulnerable.
Diversos elementos clave explican la actual carencia de dólares. En primer lugar, el agotamiento del modelo económico. La dependencia de las exportaciones de gas permitió sostener el gasto estatal y los subsidios durante una década. Sin embargo, al declinar la producción, no se impulsaron sectores alternativos capaces de generar divisas, como la agroindustria, la minería o la manufactura. Un segundo factor crucial es la drástica reducción en la producción gasífera, que pasó de superar los 60 MMmcd a los actuales 26,3 MMmcd. Esta disminución a menos de la mitad ha provocado una caída precipitada en el ingreso de dólares por exportación, sin que se haya logrado reemplazar esta fuente vital de divisas.
Un tercer elemento es el gasto público y los subsidios sin un control efectivo. A pesar de la merma en los ingresos, el Estado ha mantenido un nivel de gasto elevado, incluyendo subsidios a los combustibles, alimentos y transporte, además de un crecimiento constante del aparato público. Como consecuencia, las reservas internacionales netas, que en 2014 superaban los 15.000 millones de dólares, se sitúan actualmente en torno a los 3.000 millones de dólares. Finalmente, el rol del Banco Central ha sido objeto de análisis, señalándose que ha financiado al gobierno mediante la emisión de moneda local, el uso de reservas en dólares y la adquisición de bonos del Tesoro, lo que ha generado percepciones sobre una pérdida de su autonomía.
Este complejo panorama se agrava con una perceptible pérdida de confianza en el sistema financiero nacional, lo que ha propiciado la emergencia de un mercado cambiario paralelo donde la divisa estadounidense se cotiza a un valor considerablemente superior al oficial.
La futura administración gubernamental se enfrentará a uno de los desafíos económicos más significativos de las últimas décadas. Con la producción de gas en declive, un déficit fiscal en aumento y un mercado cambiario inestable, la tarea primordial será revertir el agotamiento del modelo basado en los hidrocarburos y restaurar la confianza en la economía. Entre las propuestas para la futura administración se incluyen una reestructuración profunda de la empresa estatal de hidrocarburos, buscando su independencia del Ministerio del ramo, la reintroducción de la meritocracia y la incorporación de los mejores técnicos, despolitizando así las empresas estratégicas. Asimismo, se plantea la necesidad de establecer reglas claras para los subsidios, especialmente el de carburantes, que actualmente representa el 3,5% del Producto Interno Bruto. Se sugiere fijar un límite anual para este beneficio y priorizar su asignación a sectores estratégicos como el transporte público, la agricultura y los servicios de emergencia, eliminándolo para actividades ilícitas como el contrabando, la minería ilegal, el narcotráfico y la circulación de vehículos irregulares
