Este domingo 22 de marzo, Bolivia se prepara para llevar a cabo uno de los procesos electorales más complejos y significativos en su historia democrática. Más de 7,4 millones de ciudadanos habilitados están convocados a ejercer su derecho al voto simultáneamente en todo el territorio nacional, desde la ciudad de La Paz, sede del Gobierno nacional, pasando por Santa Cruz de la Sierra, el centro urbano más poblado del país, hasta localidades remotas como Bolpebra en Pando o Yunguyo del Litoral en Oruro. En este escenario se elegirán un total de 2.832 autoridades regionales titulares para las nueve gobernaciones y los 335 municipios que conforman Bolivia.
Este proceso electoral subnacional para el año 2026 representa un desafío sin precedentes para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), entidad encargada de administrar las elecciones. Según sus propias autoridades, esta elección es la más compleja que se ha organizado en el país debido al volumen y diversidad de cargos a elegir. En total, se registraron alrededor de 18.200 candidatos provenientes de unas 120 organizaciones políticas diversas, que incluyen partidos tradicionales, agrupaciones ciudadanas, alianzas y representaciones indígenas originarias campesinas.
El presidente del TSE, Gustavo Ávila, destacó la magnitud del proceso al señalar que se elegirá la mayor cantidad de autoridades hasta la fecha: cerca de 5.400 cargos entre titulares y suplentes en todo el país. Esto implica una coordinación logística minuciosa y una planificación detallada para garantizar que cada votante pueda elegir a sus representantes tanto a nivel departamental como municipal.
En el ámbito departamental, los ciudadanos designarán a nueve gobernadores y un total de 277 asambleístas departamentales titulares divididos en tres categorías: por territorio (144), por población (105) y representantes indígenas originario campesinos (28). A estos asambleístas titulares se suman otros 227 suplentes, alcanzando un total de 554 asambleístas departamentales. La distribución específica varía según cada departamento; por ejemplo, en Chuquisaca serán elegidos un gobernador y 25 asambleístas titulares; en La Paz un gobernador y 45 asambleístas; mientras que departamentos como Potosí u Oruro tendrán cada uno un gobernador y 33 asambleístas titulares.
Adicionalmente, cuatro departamentos —Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando— cuentan con estatutos autonómicos aprobados que permiten la elección de autoridades adicionales vinculadas a sus autonomías regionales. En estos departamentos se elegirán cargos como vicegobernadores, subgobernadores provinciales y corregidores. Por ejemplo, en Beni se escogerán además un vicegobernador, ocho subgobernadores provinciales y diecinueve corregidores. Particularmente relevante es Tarija que posee la única autonomía regional reconocida formalmente en Bolivia: la Autonomía Regional del Chaco. Este modelo establece circunscripciones regionales donde los ciudadanos votarán por un ejecutivo regional y dos ejecutivos de desarrollo.
En conjunto, considerando todas estas variables autonómicas y departamentales, serán electos un total aproximado de 594 nuevas autoridades en el nivel departamental.
En cuanto a las autoridades municipales, los bolivianos elegirán alcaldes y concejales que integrarán los órganos legislativos municipales en los 335 municipios del país. Según datos recopilados por medios locales a partir del TSE, se elegirán 335 alcaldes junto con 2.049 concejales municipales titulares más sus respectivos suplentes —otros 2.049— sumando así un total cercano a las 4.433 autoridades municipales.
La cantidad exacta varía según cada departamento; por ejemplo, La Paz lidera con la mayor cantidad con 87 alcaldes y más de mil concejales entre titulares y suplentes; Santa Cruz también presenta cifras elevadas con más de cincuenta alcaldes y cerca de setecientos concejales. En contraste hay municipios rurales con pocos candidatos inscritos para alcalde; algunos presentan únicamente dos postulantes como es el caso de Yunguyo del Litoral o Urmiri.
Esta disparidad refleja la diversidad geográfica y demográfica del país donde grandes ciudades concentran múltiples candidaturas mientras zonas rurales enfrentan limitaciones para atraer postulantes políticos.
Otro aspecto importante es la complejidad logística derivada del manejo electoral con gran variedad de papeletas a imprimir. Para este proceso se diseñaron al menos quinientos formatos distintos según las particularidades territoriales y cargos a elegir. Cada ciudadano recibirá dos papeletas: una destinada exclusivamente para las autoridades municipales —alcalde y concejales— generalmente impresas en color café; otra destinada para las autoridades departamentales —gobernador y asambleístas— usualmente impresas en color gris.
Por ejemplo, en La Paz se utilizarán estas dos papeletas diferenciadas donde cada elector deberá marcar cinco casillas: una para alcalde municipal; una para primer concejal; una para gobernador departamental; una para asambleísta por territorio; y una última para asambleísta por población.
La distribución física del material electoral también es una tarea titánica: ya comenzó la entrega de más de treinta mil maletas electorales destinadas a las mesas receptoras distribuidas por todo el país.
Además del proceso electoral principal está previsto resolver hasta días antes casos especiales relacionados con sustitución o inhabilitación de candidatos debido a fallecimientos o impedimentos legales comprobados.
Desde una perspectiva analítica proporcionada por expertos electorales nacionales como Francisco Vargas —ex vocal del TSE— este proceso puede entenderse como tres elecciones simultáneas dentro del mismo evento: primero la elección departamental con gobernadores e integrantes asamblearios; segundo la elección municipal con alcaldesas/os y concejales; tercero la elección particular correspondiente a la única autonomía regional existente: el Chaco tarijeño.
Asimismo destaca que aproximadamente un pequeño porcentaje —alrededor del uno coma cinco por ciento— corresponde a elecciones bajo mecanismos propios o comunitarios establecidos por normas indígenas originarias campesinas que coexisten junto al sistema representativo tradicional. Este tipo particular incluye elecciones realizadas bajo normas propias dentro comunidades indígenas guaraníes u otras naciones originarias donde ya comenzaron procesos paralelos supervisados por el Órgano Electoral Plurinacional.
En suma, esta jornada electoral representa no solo una prueba logística sino también política e institucional crucial para Bolivia pues reafirma su compromiso democrático pluralista reconociendo tanto formas representativas convencionales como mecanismos propios indígenas dentro del Estado plurinacional vigente desde hace casi dos décadas.
Los resultados definirán quiénes serán las nuevas figuras responsables del gobierno departamental autónomo o municipal durante los próximos años e influirán directamente sobre políticas públicas locales fundamentales para millones de bolivianos distribuidos desde grandes urbes hasta comunidades campesinas dispersas en las regiones más alejadas del país.
Por tanto esta elección subnacional no solo es trascendental por su escala sino también porque refleja la complejidad política territorial boliviana actual consolidando espacios democráticos diversos bajo un sistema electoral amplio e inclusivo diseñado para responder a esa pluralidad social tan característica del Estado boliviano contemporáneo
