Bolivia ha destinado una partida presupuestaria de 194 millones de bolivianos para la próxima segunda vuelta electoral, un monto que abarca la participación de los ciudadanos residentes en el extranjero, quienes ejercerán su derecho al voto en veinte naciones distintas.
Este proceso, que marca un hito al ser la primera segunda vuelta en la historia democrática boliviana, se llevará a cabo el 19 de octubre. Las autoridades gubernamentales han desplegado una estrategia de coordinación interinstitucional para asegurar su desarrollo óptimo. El Órgano Ejecutivo, en particular, ha garantizado el financiamiento total del proceso, cubriendo íntegramente los 194 millones de bolivianos requeridos y facilitando sus instalaciones diplomáticas y consulares para el sufragio de los bolivianos en el exterior.
La seguridad del evento también ha sido una prioridad, con un despliegue policial significativo, similar al de la primera ronda, donde 25.000 efectivos garantizaron el orden. Esta colaboración estatal subraya un compromiso firme con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática nacional.
En paralelo, el Órgano Electoral Plurinacional ha implementado medidas para potenciar la transparencia, incluyendo la acreditación de observadores tanto nacionales como internacionales. Asimismo, se ha abierto el padrón electoral para la revisión por parte de los delegados de las organizaciones políticas participantes, reforzando la fiscalización del proceso.
La participación ciudadana se manifiesta activamente con la designación de más de 200.000 jurados electorales a lo largo del territorio nacional. Adicionalmente, se ha implementado tecnología electoral avanzada, provista por el gobierno, para el funcionamiento del Sistema de Recuento Previo (Sirepre).
Un simulacro del Sirepre está programado para el 12 de octubre, como paso previo a la jornada electoral. La custodia del material electoral estará a cargo de las fuerzas militares, una medida que, junto con las demás acciones coordinadas, refleja un avance significativo en la consolidación de la institucionalidad democrática del país
