En un esfuerzo por mitigar el impacto de los incendios forestales que han afectado a Bolivia recientemente, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) en Tarija ha decidido implementar un aumento significativo en las sanciones económicas dirigidas a quienes causen estos desastres ambientales.
Emilio Tejerina, director de la ABT en la región, anunció que uno de los cambios más destacados de la nueva normativa es el considerable incremento en las multas. Anteriormente, la penalización por cada hectárea incendiada era de tan solo 0.20 dólares, una cifra que resultaba insuficiente para disuadir a los infractores. Con la nueva regulación, esta multa ha sido elevada a 976 UFVs por hectárea, lo que se traduce en más de 2.000 bolivianos, representando así un aumento superior al 1000% respecto a la tarifa anterior.
Tejerina subrayó que, además de sancionar el área directamente afectada por el fuego, las multas ahora se aplicarán a la totalidad de la propiedad del infractor, de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Este cambio amplía considerablemente el alcance de las sanciones, asegurando que los responsables enfrenten penalizaciones más severas.
A la par del incremento de las multas administrativas, se están considerando modificaciones en el ámbito penal. Tejerina informó que el Ministro de Medio Ambiente y Agua ha presentado una iniciativa ante la Asamblea Legislativa para alterar el Código Penal, proponiendo penas de hasta 12 años de prisión para quienes provoquen incendios forestales. La duración de estas penas dependerá de la ubicación del incendio, teniendo en cuenta los planes de uso de suelo y las áreas de protección.
En Tarija, ya se ha dictado una sentencia penal en un caso relacionado con incendios. A finales de agosto, se impuso una pena de dos años de cárcel a un individuo que inició un fuego en enero. Además, se programaron dos juicios orales en Yacuiba para octubre, que abordarán otros incidentes de incendios provocados.
Otro caso relevante involucra a la comunidad de Ladera Sud, donde un incendio afectó aproximadamente 12 hectáreas, pero la sanción se calculó sobre un área mucho más extensa, considerando que impactó también a la comunidad vecina de Papachacra. Aunque este caso se sancionó bajo la normativa anterior, resultó en una multa de alrededor de 4,000 dólares, lo que sugiere que las nuevas sanciones podrían ser aún más severas.
En respuesta a la situación crítica en el oriente de Bolivia y ante la inminente temporada de mayor riesgo de incendios, se ha establecido una prohibición total de quemas en todo el departamento de Tarija. Esta medida, que se aplica tanto en áreas urbanas como rurales, suspende cualquier autorización para realizar quemas controladas. Tejerina destacó que septiembre y octubre son meses históricamente propensos a incendios en la región, y esta prohibición busca prevenir nuevos desastres durante el período más vulnerable
