El investigador Raúl Velásquez, de la Fundación Jubileo, advirtió sobre la inevitable necesidad de Bolivia de recurrir a la importación de combustibles en los próximos años, durante su participación en un seminario enfocado en los desafíos y propuestas frente a la crisis del sector hidrocarburífero.

Según Velásquez, el país enfrentará la importación no solo de diésel y gasolina, sino también de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a partir del segundo semestre de este año, y posiblemente gas natural desde 2028 o 2029. Esta situación responde a dos décadas de políticas hidrocarburíferas deficientes y una gestión sectorial ineficaz, que han llevado a una producción insuficiente para cubrir la demanda interna.

El especialista subrayó la urgencia de aprobar una nueva Ley de Hidrocarburos que no solo contemple la recuperación del sector, un proceso que podría extenderse entre ocho y diez años, sino que también aborde el problema estructural de la dependencia creciente de importaciones a precios internacionales. En este sentido, destacó la dificultad de mantener subsidios en la venta de combustibles, ejemplificando con el GLP, cuyo precio interno es significativamente inferior al valor en el mercado externo.

Velásquez también planteó la necesidad de revisar el marco institucional que regula el sector, cuestionando el papel de entidades como YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), así como el rol del sector privado. Asimismo, enfatizó la importancia de establecer condiciones contractuales claras y un régimen fiscal que incentive la inversión. Actualmente, Bolivia retiene el 92% de las ganancias petroleras, dejando solo el 8% a las empresas, una distribución que, según el investigador, desalienta la llegada de capitales necesarios para la exploración y desarrollo de nuevos campos.

Para atraer inversión, Velásquez propuso recuperar un equilibrio más justo, cercano al 50-50, que permita al país ser competitivo y garantizar el desarrollo sostenible del sector. Advirtió que la continuidad del modelo actual amenaza la viabilidad del sector petrolero, ya que la falta de inversión ha provocado el declive de los yacimientos existentes sin que se descubran nuevos.

En resumen, la situación actual obliga a Bolivia a importar combustibles en el corto y mediano plazo, a menos que se implementen reformas profundas que promuevan la inversión y la producción nacional, asegurando así la autosuficiencia energética del país a largo plazo

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