Desde la promulgación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia en 2013, Bolivia ha registrado más de mil casos de feminicidio y medio millón de denuncias relacionadas con violencia de género, según un informe reciente de la Coordinadora de la Mujer. Esta organización, que reúne a más de treinta entidades dedicadas a la defensa de la igualdad, subraya que la violencia machista continúa siendo un problema persistente y estructural en el país.
El informe, titulado ’25N: Violencias que persisten; derechos que urgen’, elaborado con información de la Fiscalía y la Policía, revela que entre 2013 y noviembre de 2024 se contabilizaron 1.226 feminicidios en Bolivia. Sin embargo, solo el 42,81 % de estos casos ha recibido una sentencia, lo que evidencia deficiencias en el acceso a la justicia y un sistema judicial que no garantiza una respuesta efectiva frente a estos crímenes. En lo que va del año, el Ministerio Público ha registrado 71 víctimas de feminicidio.
Entre los casos más recientes destacan el asesinato de una adolescente de trece años en una zona rural de La Paz, perpetrado por un hombre que además abusó sexualmente de la menor, y el fallecimiento de una mujer en Oruro tras ser agredida por su pareja. La incorporación del feminicidio como delito específico en el Código Penal fue una de las modificaciones clave de la ley 348, que reemplazó la antigua tipificación de estos asesinatos como homicidios por emoción violenta.
La ley 348 contempla dieciséis tipos de delitos relacionados con la violencia contra las mujeres y establece una pena máxima de treinta años de prisión sin posibilidad de indulto para quienes cometen feminicidio. Desde su entrada en vigor hasta octubre de 2024, se han presentado más de 521 mil denuncias bajo el amparo de esta normativa. El reporte indica que desde 2022, el Ministerio Público recibe anualmente más de 50 mil denuncias relacionadas con violencia de género, con un promedio aproximado de 130 casos diarios en los últimos cinco años, lo que refleja una preocupante normalización social de estas agresiones.
No obstante, la Coordinadora de la Mujer advierte que estas cifras oficiales representan solo una fracción del problema real, debido al subregistro que dificulta dimensionar plenamente la violencia de género en Bolivia. La Encuesta de Prevalencia de la Violencia de 2016, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, reveló que el 71,5 % de las mujeres bolivianas ha sufrido violencia por parte de su pareja, aunque solo el 11,9 % buscó ayuda y menos de la mitad formalizó una denuncia.
En cuanto a los tipos de violencia denunciados, la violencia familiar o doméstica es la más frecuente, seguida por la violencia sexual. El informe señala que nueve de cada diez víctimas son mujeres. Entre 2013 y 2023, únicamente el 6,59 % de los casos de violencia ingresados a la Fiscalía concluyeron con una condena, mientras que más del 90 % fueron rechazados, sobreseídos o desestimados, evidenciando una alta tasa de impunidad.
La Coordinadora de la Mujer enfatiza que detrás de cada cifra hay vidas afectadas por la violencia y la falta de justicia, y que a pesar de la existencia de la Ley 348, la impunidad y la ausencia de voluntad política continúan siendo la norma. Por ello, hace un llamado urgente a las autoridades para fortalecer la institucionalidad, asignar recursos adecuados y promover políticas efectivas de prevención y sanción de la violencia contra las mujeres en Bolivia
