En un lapso de apenas mes y medio, las fuerzas antidroga han ejecutado una serie de operaciones contundentes que resultaron en la desarticulación de 241 instalaciones de producción de estupefacientes. Durante estas acciones, se incautaron más de 30 toneladas de sustancias controladas y se logró la aprehensión de 409 individuos en diversas regiones del país.
Las intervenciones se focalizaron prioritariamente en la región del trópico de Cochabamba, un área donde se ha detectado la operación de estructuras familiares dedicadas a la elaboración de cocaína y marihuana. Aunque se ha observado la participación de grupos familiares en estas actividades delictivas, las autoridades enfatizan la importancia de no generalizar, enfocándose en la identificación precisa de los individuos implicados para proceder con las acciones correspondientes.
El balance de las incautaciones incluye 2.8 toneladas de pasta base de cocaína, 2.4 toneladas de clorhidrato de cocaína, 18 toneladas de marihuana que fue destruida, y 8 toneladas adicionales de marihuana recuperada. El impacto financiero estimado sobre las redes de narcotráfico supera los 17.8 millones de dólares, un logro alcanzado mediante la colaboración con la Fiscalía, la Unión Europea y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
En varias de estas intervenciones se registraron confrontaciones con individuos armados, lo que subraya la naturaleza peligrosa de las organizaciones criminales desarticuladas. Asimismo, se ha notado una creciente participación de ciudadanos de otras nacionalidades en estas operaciones ilícitas. Un ejemplo reciente de esta complejidad fue una operación de gran envergadura realizada hace dos semanas, que involucró la presencia de extranjeros, el uso de armas de fuego y la ejecución de allanamientos. Como resultado, se procedió a la expulsión de un ciudadano peruano con conexiones a una red criminal transnacional que operaba entre Perú y Bolivia. En el transcurso del presente año, el país ha expulsado a más de 40 extranjeros implicados en actividades de narcotráfico, un resultado atribuido a la eficaz cooperación con naciones colindantes.
Este despliegue de esfuerzos se produce en un contexto de tensiones diplomáticas, luego de que una administración estadounidense previa, bajo la presidencia de Donald Trump, excluyera a Bolivia, junto con Colombia, Afganistán, Venezuela y Birmania, de su listado de naciones colaboradoras en la lucha contra el narcotráfico. La decisión se fundamentó en un presunto incumplimiento manifiesto de compromisos internacionales en materia de drogas, lo que generó una enérgica protesta por parte del actual gobierno boliviano, liderado por Luis Arce. La administración boliviana calificó la acción como un juicio unilateral en un asunto de alcance global. Pese a las advertencias emitidas por el Departamento de Estado de EE. UU. sobre las graves consecuencias para los países que no cumplan con sus responsabilidades antidrogas, la misma entidad subrayó la importancia de mantener la asistencia a Bolivia y a las otras naciones afectadas por la sanción.
Este acontecimiento, que tuvo lugar recientemente, ha impulsado al gobierno boliviano a redoblar sus esfuerzos para evidenciar su compromiso inquebrantable en la batalla contra el narcotráfico. En este marco, se han divulgado los significativos resultados de estas recientes operaciones de incautación y desmantelamiento de infraestructuras de producción de drogas
